En medio de la discusión sobre si los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) deben desaparecer, en al menos una decena de estados operan actualmente al límite del colapso financiero y técnico, con presupuestos recortados, personal incompleto, sistemas informáticos frágiles y decisiones técnicas corregidas desde la Federación.
Una revisión realizada por La Razón a informes del Instituto Nacional Electoral (INE), resoluciones de tribunales electorales y recursos presupuestales estatales muestran que 11 OPLE enfrentan déficits financieros que afectan funciones sustantivas, como la capacitación de funcionarios de casilla, la operación de sistemas de resultados preliminares y la logística de la jornada electoral.
- El Dato: El líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira, dijo que su bancada no será “palero”, por lo que no participará en los foros que organice Morena sobre la enmienda.
En estados como Zacatecas y Colima, los recortes presupuestales han superado el 50 por ciento de lo solicitado originalmente, lo que ha obligado a los organismos a operar con personal reducido y a diferir actividades clave previstas en la ley.
En procesos recientes, los errores en actas, retrasos en cómputos distritales y fallas en sistemas informáticos se concentraron en entidades con OPLE debilitados. A la presión presupuestal se suma la falta de integración completa de los consejos electorales. Más de una decena han operado con vacantes en consejerías durante etapas críticas, lo que limita el quórum, retrasa acuerdos y sobrecarga áreas técnicas.
El caso de Zacatecas es uno de los más críticos. Para 2025, el organismo solicitó 273.2 millones de pesos y recibió 125.9 millones, un recorte cercano al 66 por ciento. Esto pone en riesgo rubros críticos como capacitación, arrendamiento de inmuebles, traslado de paquetes electorales y contratación de personal eventual.
A esto se suman adeudos acumulados con el INE por alrededor de seis millones de pesos, derivados de convenios de coordinación electoral de ejercicios anteriores, una situación inédita entre los OPLE del país.
En Colima, para el ejercicio 2025, el organismo local solicitó poco más de 180 millones de pesos, pero el Congreso del estado aprobó alrededor de 70 millones, lo que implicó un recorte superior al 60 por ciento. El ajuste obligó a reducir personal eventual, compactar áreas técnicas y replantear contratos de servicios, justo en un contexto de alta carga operativa.
En San Luis Potosí, el OPLE solicitó cerca de 300 millones de pesos, pero operó durante meses con un presupuesto provisional que no cubría la totalidad de sus compromisos operativos, lo que retrasó licitaciones para materiales electorales y contratación de servicios. El INE clasificó al organismo en riesgo alto de operación, al advertir que el calendario electoral ya había iniciado sin suficiencia financiera garantizada.
En Nayarit, el presupuesto aprobado rondó los 90 millones de pesos, una cifra considerada insuficiente incluso para un año sin elecciones locales concurrentes. Informes internos señalan que más del 80 por ciento del gasto se destina a servicios personales, dejando un margen mínimo para actividades sustantivas.
Esto ha obligado al OPLE a solicitar apoyos extraordinarios y asistencia técnica del INE, particularmente en capacitación y supervisión, lo que cuestiona su autonomía operativa real.
El futuro de los organismos está en un momento decisivo: se debate entre ahorrar recursos públicos y evitar que el poder electoral se concentre y entre reconocer que hay organismos que fallan y la necesidad de que cada estado conserve su propia autoridad electoral.
EL DILEMA. Víctor Díaz de León, coordinador de investigación de Laboratorio Electoral, desmonta el argumento de la duplicidad de funciones entre el INE y los OPLE: “No es que se esté duplicando la función electoral, sino que cada autoridad tiene su propio ámbito de actuación y a partir de eso cada quien hace lo que tiene que hacer.
“El dinero que sirve para que los OPLE o los tribunales electorales locales funcionen, sale del presupuesto de cada entidad federativa, o sea, no es el Gobierno federal quien tiene que mantener toda la estructura electoral local”, subrayó.
En entrevista, el especialista puso en perspectiva el debate sobre los costos del sistema electoral: “Juntando INE, los OPLE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los 32 tribunales electorales locales, partidos políticos a nivel nacional y partidos políticos a nivel local que también reciben financiamiento, aun así, fueron 60 mil millones de pesos (de presupuesto este año). Puede sonar mucho, pero para lo que gasta el Gobierno federal, 9.6 billones de pesos, representa prácticamente nada”.
En elecciones concurrentes —cuando coinciden comicios federales y locales— varios organismos estatales han reconocido estar rebasados operativamente y dependiendo del apoyo técnico y logístico del INE para cumplir tareas básicas.
Guadalupe Salmorán, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, advirtió sobre las implicaciones de eliminar los OPLE con el argumento de la eficiencia presupuestal.
“De todas formas, aunque el INE reabsorba esas funciones que hoy en día le toca a los OPLE, pues va a tener que pedir presupuesto para poder hacer esas responsabilidades”, señaló al cuestionar la premisa del ahorro económico.
Pero la preocupación de la académica va más allá de lo presupuestal y apunta a riesgos de concentración de poder: “Significaría avanzar hacia condiciones de captura política en el que prácticamente el oficialismo, las mayorías predominantes hoy en el Legislativo, pues se crean las condiciones para que puedan no nada más condicionar el actuar de la autoridad electoral, que va a tener prácticamente ya no nada más conocimiento, organización y dominio de las elecciones a nivel federal, sino también local”.
La investigadora considera que esto “sería un signo muy peligroso y regresivo por lo que hace a este esquema federal de organización de las elecciones, mirando la capacidad de los estados para poder organizar sus propios comicios”.
En este contexto, la propuesta de eliminar los OPLE no surge en el vacío. Se alimenta de años de alertas no atendidas, de organismos debilitados por recortes presupuestales que los han colocado al borde de la inoperancia.
Pide revisión de pluris “para quitar fueros”
Por Claudia Arellano
La lideresa de Morena, Luisa María Alcalde, señaló que en la reforma electoral es importante revisar todo el tema de los legisladores plurinominales así como el financiamiento a los partidos, pero no para reducir la representación partidista, sino “para quitar fueros”.
“Es importante, uno, que revisemos bien todo el tema de los plurinominales, no para eliminarlos, pero sí para que no se vuelva una protección sólo de fueros, quitar los fueros.
“Incluso nosotros como el partido político que más recursos recibe, hemos venido planteando que se reduzca a la mitad el presupuesto de los partidos políticos, es mucho lo que reciben los partidos políticos, y podemos reducirlo para que haya más recursos para los programas”, explicó.
De gira por Coahuila, Alcalde Luján también se pronunció por la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y que sea el Instituto Nacional Electoral (INE) el que asuma la tarea de organizar los comicios locales.
“Si tú ya tienes un INE que tiene personal capacitado, que tiene materiales, que tiene mucha experiencia, ¿por qué no utilizar esa experiencia no solo para las elecciones federales, sino también para las elecciones locales?”, cuestionó.
La dirigente partidista consideró que no debe haber duplicidad de labores ni del gasto que implica organizar las elecciones en los estados, por lo cual se perfila desaparecer a los OPLE en la reforma electoral que se aprobará a principios del 2026.
“Que no sea una duplicidad de gasto, porque al final lo que nosotros siempre hemos planteado es que hay que gobernar con austeridad”, aseveró.
