La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable internacionalmente al Estado mexicano por la desaparición, tortura sexual y feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, ocurrido en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como por la falta de protección a su madre, Norma Esther Andrade, en su labor como defensora de derechos humanos.
En la sentencia notificada, el tribunal determinó que México incurrió en múltiples violaciones a derechos humanos en un contexto de violencia de género e impunidad generalizada, ya reconocido previamente por la propia Corte en el caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México.
Lilia Alejandra tenía 17 años, trabajaba en una maquiladora y era madre de dos hijos pequeños, Jade Tikva, de un año ocho meses, y José Kaleb, de cinco meses. El 14 de febrero de 2001 salió a trabajar y no regresó a casa. Su madre denunció la desaparición, sin que las autoridades actuaran con la debida diligencia. El 21 de febrero, el cuerpo de la joven fue localizado en un terreno baldío; murió por estrangulamiento manual tras haber sufrido un ataque sexual.
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La Corte concluyó que el Estado mexicano incumplió su deber de prevención y de debida diligencia reforzada frente a la desaparición de mujeres, y lo responsabilizó por la violación a los derechos a la vida, integridad personal y libertad personal de Lilia Alejandra. Además, señaló que las autoridades no aplicaron un enfoque de género ni consideraron los factores de vulnerabilidad que confluían en su caso.
El fallo también establece la responsabilidad del Estado por la violación a las garantías judiciales, a la protección judicial y al derecho a la igualdad, derivadas de la falta de una investigación efectiva tanto del feminicidio como de los ataques sufridos por Norma Andrade, quien, tras el asesinato de su hija, asumió el cuidado de sus nietos y se convirtió en activista en la exigencia de justicia.
La Corte acreditó que Norma Andrade fue víctima de al menos dos atentados, los cuales permanecen impunes, y subrayó que se trató de ataques contra una defensora de derechos humanos. En este sentido, reiteró la obligación de los Estados de prevenir, investigar y sancionar agresiones contra personas defensoras, así como de reconocer la labor de las madres de víctimas de feminicidio que se convierten en activistas ante la inacción estatal.
Asimismo, el tribunal determinó afectaciones a los derechos de los padres de Lilia Alejandra y de sus hijos, quienes vieron vulnerados su derecho a la integridad personal, a la libre circulación, a la protección familiar, a los derechos de la niñez y al derecho a conocer la verdad. La sentencia destaca el impacto del feminicidio en tres generaciones de una misma familia.
Aunque el Estado mexicano realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad, la Corte concluyó que persistieron fallas estructurales, normativas e institucionales para enfrentar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, pese a los avances registrados tras la sentencia del caso Campo Algodonero.
Como parte de las reparaciones, la Corte ordenó al Estado continuar con las investigaciones del feminicidio de Lilia Alejandra y de los ataques contra Norma Andrade; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa; fortalecer el marco normativo e institucional para combatir la violencia de género y las desapariciones; mejorar la implementación del Protocolo Alba; y adoptar medidas de protección para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, entre otras acciones.
La sentencia contó con votos parcialmente disidentes y concurrentes de varios integrantes del tribunal.
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MSL
