La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reanudará el lunes sus sesiones ordinarias con una agenda que definirá el rumbo de derechos fundamentales y controversias legales multimillonarias.
Entre los temas controversiales a evaluar destacan la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, los límites temporales para la interrupción legal del embarazo, disputas fiscales por 250 mil millones de pesos y el derecho a la consulta previa de personas con discapacidad.
El pleno tiene pendiente uno de los asuntos más controvertidos del sistema judicial mexicano: la prisión preventiva oficiosa, ya que el mecanismo mantiene encarceladas a más de 50 mil personas sin sentencia, debido a que el delito del que son acusadas amerita prisión automática.
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- El Dato: LA PRIMERA y Segunda Sala de la SCJN realizaron su última sesión en agosto de 2025, al dar fin a una etapa que duró más de 30 años desde su creación en 1995.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) declaró esta medida en 2023 como incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Sin embargo, el tema fue pospuesto repetidamente por la anterior integración de la Corte.
Además, el máximo tribunal también resolverá si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede cobrar dos veces el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por la misma mercancía en operaciones de la industria maquiladora.
En esta materia, la empresa Samsung Electronics mantiene una disputa por seis mil 714 millones de pesos que el SAT reclama por IVA no retenido entre 2019 y 2023. En tanto, ocho empresas maquiladoras exigen la devolución de 46 mil millones de pesos por ese concepto, que consideran cobrado indebidamente tras una nueva interpretación de las leyes fiscales.
La propuesta busca establecer jurisprudencia sobre el cobro contemplado en el artículo 1 fracción I de la Ley del IVA, aplicable a mercancías que ingresan temporalmente para la maquila y exportación, pero que, eventualmente, se comercializan en territorio nacional, por lo que las empresas califican esto como “doble tributación”. Un fallo favorable al SAT podría representar un impacto potencial de hasta 250 mil millones de pesos.
Los ministros también deberán definir si las indemnizaciones por muerte de un trabajador deben dejar de fijarse en salarios mínimos y, en su lugar, calcularse a través de Unidades de Medida y Actualización (UMA). Esta modificación reduciría el monto de reparación de un millón 394 mil pesos a 565 mil 700 pesos, un recorte aproximado al 50 por ciento.
La propuesta surge de una contradicción de criterios entre las extintas Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a que, mientras la Primera Sala sostenía que la indemnización debía cuantificarse con salarios mínimos por su carácter reparador vinculado a la capacidad productiva, la Segunda Sala argumentaba que la reforma constitucional de 2016 prohibió usar el salario mínimo para fines ajenos a su naturaleza laboral.
Asimismo, el pleno discutirá un proyecto de resolución que rechaza categóricamente la reducción de plazos para acceder a la interrupción legal del embarazo.
El caso surge de Aguascalientes, donde el Congreso estatal redujo de doce a seis semanas el plazo permitido para realizar el procedimiento. Al respecto, el ministro Irving Espinosa, responsable del proyecto, explicó que seis semanas es un periodo tan restrictivo que prácticamente anula el derecho de las mujeres a decidir. El proyecto establece que el derecho penal no es una vía constitucional válida para proteger la vida en gestación y que reducir arbitrariamente los plazos viola los derechos fundamentales de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Otro tema es el derecho a la consulta previa de las personas con discapacidad antes de emitir leyes o políticas que los involucran. La nueva integración de la SCJN realizó en octubre de 2025 estas audiencias para escuchar a personas con discapacidad, organizaciones y expertos.
- 250 mil millones de pesos es el IVA a mercancías de maquila y exportación
El debate analiza si la falta de consulta debe invalidar automáticamente una norma, como ha ocurrido en más de cincuenta ocasiones en la última década, o si debe evaluarse caso por caso. Al respecto, organizaciones de derechos humanos han advertido que un cambio de criterio podría representar un retroceso al debilitar la obligatoriedad de la consulta previa como formalidad del procedimiento legislativo.
La SCJN evaluará proyectos en los que podrían avalar tres reformas legales impulsadas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, como plazas automáticas para maestros egresados de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y las escuelas normales; la reforma que permite a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ser dueña de la aerolínea Mexicana y varios aeropuertos y la creación del IMSS-Bienestar en sustitución del Instituto de Salud para el Bienestar.
JOSÉ RAMÓN AMIEVA ASUME EL TFJA
Por Tania Gómez
POR VOTACIÓN unánime, José Ramón Amieva Gálvez fue designado como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para un periodo de tres años, convirtiéndose en el primer magistrado nombrado por un gobierno morenista en dirigir el órgano autónomo.
Amieva Gálvez, de 53 años, llega a la presidencia del tribunal apenas a tres meses de haber sido designado por la Presidenta Claudia Sheinbaum como magistrado de la Sala Superior en octubre pasado.
El TFJA resuelve controversias entre particulares y las autoridades federales. El nuevo ministro presidente del TFJA cuenta con amplia trayectoria en la administración pública. En 2018 fungió como jefe de Gobierno interino de la Ciudad de México (CDMX), luego de que Miguel Ángel Mancera pidiera licencia al cargo. También se desempeñó como alcalde de Mixquiahuala, Hidalgo, bajo las siglas de Morena.
Fue magistrado titular de la Tercera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Hidalgo y presidente municipal de Mixquiahuala de Juárez de la entidad.
La elección de Amieva Gálvez se dio en un contexto particular: de los 16 integrantes de la Sala Superior, ocho fueron designados durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, pero ninguno podía contender por la Presidencia debido a que concluirán su encargo en 2026 o porque ya habían ocupado esa posición.
