La diputada Laura Ballesteros Mancilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, y Dulce Ramírez, directora de la organización Igualdad Animal México anunciaron en la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la primera Ley General de Bienestar, Protección y Cuidado Animal, con el objetivo de establecer un marco nacional de protección para todos los seres sintientes del país.
La propuesta fue trabajada e impulsada por Igualdad Animal México y plantea reconocer a los animales como seres sintientes y sujetos de protección, así como garantizar su cuidado.
Entre sus ejes centrales se encuentra la distribución de competencias entre la Federación, las entidades federativas y los municipios; la creación de un Consejo Estatal de Bienestar Animal en cada entidad, con participación de autoridades, academia y sociedad civil; y el establecimiento de protecciones específicas para animales de compañía, utilizados para el trabajo, en investigación y para el consumo humano.
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Asimismo, se contempla que cualquier persona pueda denunciar ante las autoridades competentes todo hecho, acto u omisión que afecte la integridad de los animales.
Durante un encuentro con medios en el recinto legislativo, la diputada Laura Ballesteros subrayó la urgencia de avanzar en una ley general en la materia. “Uno de los grandes pendientes del Congreso de la Unión es la aprobación de la Ley General de Protección Animal, una deuda fundamental con México, porque el maltrato animal se ha convertido en una verdadera epidemia y la protección de la ley debe extenderse a todos los animales, no solo a los de compañía”, afirmó.
En su participación, Dulce Ramírez, directora de Igualdad Animal México, señaló que la iniciativa recopila y sistematiza el trabajo conjunto de organizaciones e instituciones y parte de un principio fundamental al reconocer a los animales como seres sintientes y establecer una ley de orden público e interés social.
Añadió que se incorpora el llamado “principio pro animal”, que permitirá que, en caso de duda, la autoridad interprete la norma en el sentido más favorable al bienestar del animal.
Uno de los componentes clave de la propuesta es la distribución de competencias. A la Federación le correspondería la reglamentación de la ley general, la expedición de normas oficiales mexicanas en la materia, la definición de la política nacional de bienestar animal y la aplicación de medidas de sanidad para animales de abasto conforme a la Ley Federal de Sanidad Animal.
Las entidades federativas y la Ciudad de México tendrían atribuciones para definir políticas de bienestar animal para animales de consumo humano, de compañía y de trabajo; emitir y reglamentar leyes locales; contar con Consejos Estatales de Protección Animal con participación gubernamental, académica y de asociaciones protectoras; vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas y atender denuncias.
En tanto, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México serían responsables de la política municipal de bienestar animal, de promover la cultura de respeto y protección hacia los animales, de establecer y operar Centros de Salud y Bienestar Animal, de vigilar normas en materia de matanza y bienestar animal en rastros, de crear y actualizar registros de asociaciones de protección animal y giros que manejen animales, así como de organizar campañas de vacunación, esterilización y adopción.
Dulce Ramírez destacó que esta iniciativa es producto de una lucha histórica de la sociedad civil organizada, que en 2024 logró que los animales fueran incluidos en la Constitución mexicana, lo que dio sustento constitucional a esta propuesta normativa y estableció el deber de protección hacia todos los animales.
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JVR
