Productores de limón en regiones del occidente y sur del país, particularmente en Michoacán y Colima, relataron que la extorsión se ha convertido en una práctica sistemática que vuelve inviable continuar con la actividad agrícola.
“Cada semana vienen a cobrar. Si no pagas, te queman el huerto o te levantan a un familiar. Yo mejor dejé perder la cosecha, me salía más caro seguir”, señaló un limonero de la región de Apatzingán. Afirmó que en el campo mexicano el miedo sigue sembrando más que la tierra y que esta actividad, “hoy, es jugarse la vida”.
Para él ha sido triste la situación de 10 años a la fecha, ya que después de que heredó una parcela de limón, tuvo que abandonar el patrimonio de su familia para sobrevivir.
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- El Dato: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que hay un nuevo grupo delictivo en Apatzingán, autodenominado Cártel de la Virgen, dedicado a la extorsión.
“Nos piden cuota por cada kilo que vendemos y otra por dejarnos trabajar. Ya no es negocio, es riesgo de muerte. Muchos vecinos se fueron a Estados Unidos o a otros estados”, explicó.
El limonero relató a La Razón que la situación se replica entre productores de aguacate, particularmente en Tierra Caliente y la Meseta Purépecha, donde el llamado “oro verde” se ha convertido en objetivo permanente de extorsión.
Su hermano, quien es aguacatero de Uruapan, también ha pensado en abandonar sus tierras; y es que el cobro ilegal se calcula por kilo producido y “esto se ha vuelto insostenible”.
“Nos piden entre uno y dos pesos por kilo. Si produces mucho, pagas más. Si no pagas, no te dejan cortar o te bloquean los caminos, hay redadas, te tienen identificado y eso cobra vidas, no sólo porque te asesinen, sino porque te dejan sin el sustento para tu familia”, explicó.
En su testimonio contó que otro campesino, amigo suyo y productor de Tancítaro, dijo que el control criminal llega hasta la comercialización. “Ellos deciden a quién le vendes y a qué empacadora. Ya no eres dueño de tu cosecha, sólo trabajas para pagar cuotas”.
Además de limoneros y aguacateros, productores de caña, maíz, ganadería y berries en la entidad han denunciado cobros ilegales y amenazas, lo que ha generado desplazamientos internos y cierre de actividades productivas.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2025, si bien el porcentaje de personas que han sido víctimas de cobro de piso o extorsión se ha mantenido estable desde 2011, en el último año se reportó el indicador más alto en una década, cuando 18 por ciento de la población michoacana dijo que ha sido víctima de este crimen, lo que, además, sitúa a la extorsión como la tercera problemática delictiva más percibida en el estado.
A pesar de alcanzar un mínimo histórico en 2016, con 10.6 por ciento, la percepción de este delito ha mostrado un crecimiento constante desde 2019, lo cual podría deberse a la presencia del crimen organizado en la región.
Los indicadores a nivel nacional dejan ver que las zonas rurales están más expuestas a las extorsiones que las zonas urbanas.
La extorsión se estimó en cinco mil 809 casos por cada 100 mil habitantes en áreas rurales, casi el doble de la registrada en zonas urbanas, donde la tasa fue de tres mil 67 por cada 100 mil.
Las cifras reflejan la vulnerabilidad del campo frente a los grupos criminales y explican por qué autoridades federales han puesto en la mira a estructuras dedicadas al cobro de cuotas ilegales a agricultores, una práctica que en regiones productoras ha derivado en encarecimiento de alimentos, abandono de tierras y desplazamiento de comunidades.
A finales de 2025, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) alertó que 20 por ciento de las tierras de cultivo en México han dejado de sembrarse y están siendo abandonadas, principalmente por el aumento de la inseguridad y extorsiones, entre otros problemas.
Especialistas en seguridad advirtieron que la extorsión al sector agropecuario no sólo afecta a los productores, sino que pone en riesgo la cadena de suministro de alimentos y presiona al alza los precios para los consumidores.
Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad y crimen organizado, señaló que el abandono de tierras es un indicador temprano de colapso institucional en zonas rurales.
“Cuando el productor decide no sembrar, está enviando una señal clara: el Estado dejó de garantizar condiciones mínimas de seguridad. Es un fenómeno que ya vimos en otras economías capturadas por grupos criminales”, apunta.
Ante la alerta del CNA y las denuncias de productores, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) reconoció que la inseguridad es uno de los principales retos del sector agroalimentario y aseguró que mantiene coordinación con autoridades para atender zonas de alta incidencia delictiva.
Sector agrario exalta golpe al crimen
› Por Ángel Molina
EL CONSEJO NACIONAL Agropecuario (CNA) reconoció a las autoridades federales al calificar la captura de César Alejandro Sepúlveda Arellano, El Bótox como un avance en la lucha de delitos como la extorsión en el campo mexicano.
Mediante un comunicado de prensa, el organismo reconoció las acciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) bajo el mando de Omar García Harfuch, calificando la detención del presunto líder de la organización criminal Los Blancos de Troya en Michoacán como un paso significativo en el combate de actividades delictivas como el cobro de piso, las cuales, señalaron, han afectado a productores, transportistas y comercializadores del sector agroalimentario en el país.
“Operativos de este tipo muestran resultados concretos y envían una señal clara de que es posible avanzar en la recuperación de la seguridad y el estado de derecho en las regiones productivas del país, por lo que resulta fundamental replicarlos de forma coordinada en otras entidades donde estas prácticas persisten”, refirió.
- El Tip: El Bótox, presunto líder del grupo criminal de Los Blancos de Troya, contaba con un historial delictivo que azotó al sector agroalimentario de la región de Tierra Caliente.
El CNA señaló que prácticas delictivas de este tipo no solo ponen en riesgo la seguridad en las áreas productivas del país, sino que también pueden alterar los precios finales de los alimentos, distorsionar los mercados y dificultar el abasto oportuno para la población.
“La inseguridad en el campo y en las cadenas de suministro no sólo pone en riesgo a quienes producen los alimentos, sino que también impacta los precios finales de los productos, distorsiona los mercados y amenaza el abasto oportuno de alimentos para toda la población mexicana”, aseguró.
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El organismo añadió que operativos coordinados como este muestran resultados concretos y pueden sentar las bases para recuperar la seguridad y el Estado de derecho. Por ello, expresó la importancia de replicar esfuerzos similares en otras regiones donde persisten delitos que afectan al sector agroalimentario.
Finalmente, el Consejo Nacional Agropecuario reiteró su disposición a trabajar de manera conjunta con autoridades federales, estatales y municipales en el diseño e implementación de estrategias integrales que refuercen la seguridad y favorezcan el desarrollo del campo mexicano.
