Destaca traslado de 37 narcos

Ante presiones, México intensifica colaboración

El Gobierno federal captura tres objetivos prioritarios del FBI en una semana; las acciones son parte de negociaciones estratégicas: experto; es la 3.a entrega masiva de capos con CSP

Ernestina Godoy se reúne con el director del FBI (izq.) y el embajador de EU en  México, el 22 de enero.
Ernestina Godoy se reúne con el director del FBI (izq.) y el embajador de EU en México, el 22 de enero. Foto: Especial

El gobierno mexicano ha profundizado su colaboración con el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) en los últimos días, en medio de las constantes amenazas y presiones del presidente Donald Trump hacia el territorio mexicano.

La estrategia de coordinación bilateral pretende dar resultados concretos en materia de combate al crimen organizado, mientras se defiende la soberanía nacional frente a las declaraciones del estadounidense, quien asegura haber comenzado ataques terrestres contra los cárteles del narcotráfico en México.

  • El Dato: Kash Patel y Ronald Johnson reconocieron el aumento de las operaciones coordinadas para la detención de objetivos prioritarios para EU que impactan a ambos países.

Ante ello, México ha incrementado los resultados de sus operativos en colaboración con el FBI y otras agencias estadounidenses. En los últimos días se han registrado tres capturas de alto impacto de objetivos prioritarios estadounidenses en territorio mexicano, además de la entrega de otros 37 operadores de organizaciones criminales al gobierno de EU, lo que constituye la tercera entrega masiva de capos durante la gestión de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

David Saucedo, especialista en seguridad, interpreta estos acontecimientos como una negociación estratégica.

“Creo que lo que hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum fue evitar un ‘caracazo’, es decir, una operación de comando como la que se realizó para la captura y la extracción de narcotraficantes mexicanos, o bien, para la destrucción de narcolaboratorios”, señala el analista, refiriéndose a las amenazas de incursiones armadas estadounidenses en México.

La captura más reciente ocurrió el viernes con Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense de snowboard, uno de los 10 narcotraficantes más buscados por el FBI y presunto operador del Cártel de Sinaloa.

Omar García Harfuch (c.) con Kash Patel (der.) y Ronald Johnson en reunión oficial el 22 de enero.
Omar García Harfuch (c.) con Kash Patel (der.) y Ronald Johnson en reunión oficial el 22 de enero. ı Foto: Especial

El director del FBI, Kash Patel, agradeció públicamente a la Presidenta Sheinbaum por “la gran cooperación” entre ambos gobiernos. Días antes, el viernes pasado, autoridades mexicanas detuvieron a Carmen Otmane Khalladi en Quintana Roo, y el domingo capturaron a Alejandro Rosales Castillo en Pachuca, Hidalgo; objetivos prioritarios del FBI.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que durante la visita del director del FBI a México se acordó continuar el trabajo coordinado “con pleno respeto a la soberanía y a la integridad territorial”.

Sin embargo, Saucedo advierte sobre la naturaleza cíclica de las presiones estadounidenses: “Donald Trump encontró otro caballo de Troya, que sería el temor de las autoridades de México para realizar incursiones armadas por parte de tropas americanas en el país. Yo creo que lo único que se hizo fue ganar tiempo. Dentro de dos o tres meses Donald Trump volverá a la carga y volverá a insistir en la necesidad de utilizar tropas americanas para combatir a los cárteles de México”.

El especialista en seguridad nacional también cuestiona los principios detrás de la política antinarcóticos estadounidense: “En materia de combate al narcotráfico, los norteamericanos no tienen principios propiamente, tienen intereses. Creo que este supuesto combate al narcotráfico es una fachada que utiliza el gobierno norteamericano para obtener ventajas en materia comercial y migratoria”, sostiene Saucedo, quien compara casos como los de Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño indultado tras colaborar con Estados Unidos, versus otros narcopolíticos que no recibieron el mismo trato.

México parece apostar a que demostrar resultados tangibles mediante cooperación institucional puede reducir la presión política estadounidense y, aunque la entrega de 37 operadores criminales refuerza esta narrativa, al mostrar que México está comprometido con acciones de gran escala cuando se respetan los marcos legales bilaterales, se presenta como alternativa viable a las amenazas militares unilaterales del presidente estadounidense, Donald Trump.

PAN exige tratado de seguridad con EU

Por Claudia Arellano

La detención en México de un presunto delincuente identificado como El Wedding —quien posteriormente fue trasladado bajo custodia de autoridades estadounidenses— desató un nuevo debate político sobre la cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos (EU), luego de que el legislador panista Héctor Saúl Téllez Hernández cuestionara el discurso oficial sobre la defensa de la soberanía nacional.

A través de un posicionamiento público, el diputado panista señaló que:“El gobierno lo vende como victoria, pero es pura retórica. Todos sabemos que esto no hubiera sucedido sin la presión de EE.UU.”, expresó Téllez Hernández.

El panista acusó a la administración federal de mantener un discurso “contradictorio” al hablar de soberanía mientras, afirmó, existen mecanismos de cooperación operativa con autoridades estadounidenses que no son públicas.

Desde su perspectiva, continuar con lo que llamó “acuerdos ejecutivos ocultos” o “entendimientos vagos” debilita la legitimidad institucional de la colaboración binacional en materia de seguridad:“Ya nada de acuerdos opacos desde la Presidencia. Esto debe tener legitimidad legal y pasar por el Senado”.

Propuso que México y Estados Unidos suscriban un convenio bilateral en materia de seguridad con carácter formal, que incluya intercambio de inteligencia, extradiciones, coordinación operativa y definición de mandos, y que sea avalado por el Senado de la República, como establece el Artículo 76 constitucional para los tratados internacionales.