El descarrilamiento de un tren de pasajeros del Corredor Interoceánico, ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en el tramo Chivela-Nizanda, en Oaxaca, se debió a exceso de velocidad, según el informe inicial de la Fiscalía General de la República (FGR).
A casi un mes del incidente que provocó la muerte de al menos 14 personas, la fiscal Ernestina Godoy Ramos informó que, según datos recuperados de la caja negra, el tren ingresó a la curva en la que descarriló a 65 kilómetros por hora, cuando el límite de velocidad permitido en el punto es de 50.
Añadió que durante su recorrido en la Línea Z, que va de Salina Cruz, en Oaxaca, a Coatzacoalcos, en Veracruz, la unidad alcanzó hasta 111 kilómetros por hora en tramos de vía recta, donde la velocidad máxima permitida para trenes de pasajeros es de 70; además, al tomar seis curvas previas a la zona del accidente, el maquinista incrementó gradualmente la velocidad.
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“Debe tomarse en cuenta que el exceso de velocidad en un tren es mucho más peligroso que en un vehículo convencional”, señaló la fiscal general de la República en un mensaje en video.
Godoy también descartó que la infraestructura ferroviaria, como rieles, balasto o durmientes, haya provocado el siniestro, e indicó que tras la revisión de las dos locomotoras y cuatro vagones del tren, que transportaban a nueve integrantes de la tripulación y 241 pasajeros, no se detectaron fallas que pusieran en riesgo la operación.
Asimismo, registros de la caja negra extraída por la FGR permitieron determinar que el sistema de frenado del tren funcionaba “adecuadamente” antes del siniestro.
“El funcionamiento del tren era el adecuado, lo que abarca sus componentes, la operación de la máquina y su estado físico. (...) No obstante —apuntó—, luego de haber frenado la velocidad del tren tuvo un incremento súbito debido a que el maquinista aceleró considerablemente hasta el lugar del siniestro”.
FGR determina ejercer acción penal contra quienes resulten responsables
Por lo anterior, informó, la FGR determinó ejercer acción penal contra quienes resulten responsables por los probables delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.
“Una vez analizada la información con la que contamos en este momento es posible establecer que la normatividad vigente contempla que las personas directamente responsables de la operación del tren, deben cumplir y observar las reglas correspondientes, lo que de las constancias se advierte, no sucedió“, sentenció la fiscal.
Godoy aseguró que las indagatorias continúan para descartar otros factores técnicos, mientras autoridades federales mantienen una mesa de atención a víctimas con diversas dependencias para integrar expedientes médicos y avanzar en la reparación integral del daño.
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cehr
