La Embajada de México en Estados Unidos destacó la cooperación binacional en materia de seguridad tras el anuncio de cargos federales contra nueve personas acusadas de traficar armamento hacia territorio mexicano.
“Mantener las armas ilegales fuera del alcance de manos criminales fortalece la seguridad pública de las comunidades en México y Estados Unidos”, señaló la representación diplomática mexicana a través de sus redes sociales, enfatizando que “los esfuerzos que interrumpen el tráfico de armas contribuyen a la seguridad compartida”.
La embajada se refirió a la reciente ubicación de nueve personas que enfrentan cargos federales en EU tras presuntamente orquestar un elaborado esquema para comprar armas de forma fraudulenta y contrabandearlas a México.
Acusan al oficialismo de recibir ayuda del crimen
La Razón publicó esta semana un informe basado en la identificación de estas nueve personas, del modus operandi al que recurren ciudadanos estadounidenses, especialmente jóvenes, para enviar armas a través de la frontera sur y ponerlas en manos criminales en nuestro país.
Siete personas de Arizona, un hombre de Montana y uno más en California supuestamente actuaron como compradores intermediarios para adquirir armas para otras personas entre marzo de 2020 y enero de 2024.
- El Dato: Esta semana la Presidenta Sheinbaum reiteró su llamado al gobierno de EU para reforzar las acciones que impidan el ingreso ilegal de armas a territorio mexicano.
Según las autoridades de EU, los nueve individuos presuntamente conspiraron para comprar más de 15 artefactos, incluyendo 10 armas semiautomáticas alimentadas por cinta y al menos tres rifles Barrett calibre .50, armamento de alto poder típicamente buscado por organizaciones del crimen organizado transnacional.
“La coordinación entre autoridades de ambos países fue fundamental: mientras las autoridades estadounidenses incautaron seis armas el 26 de julio de 2023, el gobierno de México recuperó otra arma vinculada a esta conspiración el 24 de marzo de 2025, evidenciando el seguimiento transfronterizo del caso”, informó la Fiscalía de EU.
Los fiscales federales alegan que los acusados fabricaron documentos intencionalmente durante la compra de armas para aparentar ser los compradores reales, con la intención de entregar las armas a otras personas.
Cada señalado está acusado de conspiración para cometer el delito de declaración materialmente falsa durante la compra de un arma de fuego. De ser condenados, cada uno enfrenta hasta 10 años de prisión federal y una multa de 250 mil dólares.
Previamente en La Razón informó cómo es que la mayoría de los compradores que alimentaron este tráfico fueron ciudadanos estadounidenses y su modus operandi —según expertos consultados— consistió en adquirir las armas de manera gradual, conocido como “gota a gota”: una persona compraba un arma y luego la revendía a una red que posteriormente las pasaba a México.
No era común que una sola persona acumulara grandes cantidades; regularmente las detenciones ocurrían cuando alguien incurre en compras recurrentes, aunque en estados como Arizona la ausencia de un registro dificulta la detección, especialmente si los compradores cambian de armería.
Una vez adquiridas, las armas se camuflaban en automóviles para cruzar la frontera, aunque en muchos casos ni siquiera fue necesario. Regularmente las pasaba un ciudadano estadounidense que no era revisado a la salida de EU ni necesariamente al entrar a México. Las principales rutas de entrada fueron de Arizona hacia Sonora, de Texas hacia Tamaulipas y Chihuahua, y en menor medida, de California hacia Tijuana.
Una vez que las armas llegaron al país, se redistribuyen por todo México. El arsenal se dispersó hacia estados como Jalisco y Michoacán, abasteciendo a diferentes organizaciones criminales.
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FGR
