Con 105 votos a favor, cero en contra y una abstención del morenista Gerardo Fernández Noroña, el pleno del Senado autorizó vía fast-track, el ingreso a territorio nacional de 19 elementos del equipo SEAL 2 de la Marina de Guerra de Estados Unidos.
El dictamen, presentado por la Comisión de Marina, fue aprobado de manera expedita tras dispensar los requisitos de publicación y segunda lectura.
La intervención más crítica provino del senador Fernández Noroña, quien votó en abstención, pese a manifestar su “respaldo absoluto” a la presidenta Claudia Sheinbaum.
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“Yo considero que en este momento la entrada de fuerzas armadas de Estados Unidos en México no debería aceptarse ni para plantar arbolitos”, declaró el morenista, citando la reciente intervención militar estadounidense en Venezuela y el bloqueo contra Cuba como evidencias de que “no hay una actitud sincera, honesta, seria, comprometida de parte del gobierno de Estados Unidos”.
El legislador cuestionó la cooperación en un contexto donde esa nación “no ha movido un dedo para desarticular las 3 mil bandas del crimen organizado que distribuyen droga en territorio de Estados Unidos y que están perfectamente identificadas. Que no ha tomado ninguna decisión para disminuir el consumo de drogas en su territorio”.
Fernández Noroña concluyó enfáticamente: “En México manda el pueblo de México y nadie más. No llegamos al gobierno y encauzamos este movimiento para aceptar que ninguna potencia extranjera, por poderosa que sea económica o militarmente, pretenda determinar el presente y el futuro de nuestra patria”.
Los efectivos estadounidenses llegarán a bordo de una aeronave tipo C-130 Hércules y trabajarán con personal de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina en San Luis Carpizo, Campeche, así como en el Sector Naval Carmen.
Permanecerán en México del 15 de febrero al 16 de abril de 2026 para participar en un adiestramiento especializado denominado “mejorar la capacidad de las fuerzas de operaciones especiales”.
La aprobación del dictamen estuvo marcada por señalamientos de diversos grupos parlamentarios sobre presuntos ingresos de aeronaves militares estadounidenses sin la debida autorización del Senado.
La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, recordó el aterrizaje de un avión Hércules C-130 en el Aeropuerto Internacional de Toluca el pasado 17 de enero.
“Más allá si el personal de la aeronave entró con armas o no entró con armas, aquí el asunto que al parecer este Senado decidió ignorar es que se trataba de un avión militar que estaba tripulado obviamente por personal militar y que en consecuencia requería forzosamente para su ingreso a nuestro territorio de la autorización de este Senado”, argumentó.
Por su parte, la senadora Susana Zataraín García, del PAN, denunció un incidente similar ocurrido el 5 de febrero en Baja California Sur. “Aterrizó, al parecer, el mismo avión Hércules que en enero aterrizó aquí en Toluca, con dos helicópteros con características de operaciones militares”, señaló, solicitando un informe sobre estos sucesos.
La senadora Raquel Bonilla Herrera, al posicionar el dictamen a nombre de la Comisión de Marina, enfatizó que la autorización respeta plenamente el marco constitucional.
“México es una nación soberana que ejerce plenamente su autodeterminación y nuestra política exterior se rige por principios claros: no a la intervención, la solución pacífica de controversias, la cooperación internacional para el desarrollo y el respeto al derecho internacional”, afirmó.
El decreto aprobado se remitió al Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales correspondientes.
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LMCT
