Con una semana de retraso, y luego de una serie de reuniones en Palacio Nacional con líderes parlamentarios de Morena y aliados de los partidos del Trabajo y el Verde, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envío este 4 de marzo su iniciativa de reforma electoral a la Cámara de Diputados.
Aunque el brote la iniciativa se remonta a los cien compromisos de gobierno de Sheinbaum, para su confección se instaló la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, y se fundamentó con un diagnóstico que expuso “una débil participación ciudadana, identificación de nepotismo electoral, vulneración del principio de austeridad republicana, alto costo del sistema electoral, burocracias electorales injustas y débil representación política”.
Además, en casi tres meses se realizaron 63 audiencias públicas a nivel nacional e internacional, en las que participaron más de 900 académicos, especialistas, legisladores, activistas y ciudadanos, de quienes emanaron más de mil 353 ideas que, en conjunto, dieron forma a la propuesta que ha provocado roces con el Partido Verde y el PT, lo que pone en vilo su aprobación en el Congreso de la Unión.
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Candidaturas plurinominales
Al señalar que las candidaturas plurinominales “han desvirtuado” la relación entre la ciudadanía y sus representantes, la iniciativa presidencial pretende modificar 11 artículos de la Constitución para eliminar 32 senadurías plurinominales y reducir de 128 a 96 la integración del Senado de la República.
Asimismo, aunque mantiene las 300 diputaciones por mayoría relativa, modifica el método de designación de las 200 diputaciones de representación proporcional para priorizar la elección popular y evitar "acuerdos internos partidistas o de las cúpulas dirigentes".
La asignación de “pluris” se realizará en dos grupos:
- 100 curules que se asignarían a candidatos que no ganaron su distrito, pero que obtuvieron los “mejores porcentajes” de votación individual en sus respectivos distritos y en relación con su partido
- 100 curules por votación directa en cinco circunscripciones regionales, además de las diputaciones electas por residentes en el extranjero
Recorte a partidos y prohibición de aportaciones privadas
Al considerar la “austeridad republicana” como "un principio constitucional de racionalidad del gasto público", la propuesta de reforma electoral plantea modificar el esquema de financiamiento de los partidos políticos al reformar el artículo 41 constitucional para recortar en 25 por ciento el presupuesto asignado para sus gastos ordinarios.
Se propone modificar la fórmula para calcular el financiamiento anual ordinario de los partidos, que pasaría del 65 al 48.75 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) multiplicado por el número total de ciudadanos inscrito en el padrón electoral.
La distribución se mantiene en un 30 por ciento para cada partido, y el 70 por ciento restante proporcional al porcentaje de votación obtenido en la última elección de diputados federales.
Además, pretende limitar las aportaciones privadas a partidos, candidatos y precandidatos recibir, así como impedir el financiamiento extranjero para prevenir “injerencias indebidas”. La iniciativa también prohíbe expresamente el financiamiento ilícito al advertir amenas a “la autenticidad del sufragio” y la validez de los procesos electorales.
Sobre el proceso de fiscalización, contempla que los partidos, candidatos y precandidatos, incluyendo los independientes, estarían obligados de reportar “cotidianamente” al Instituto Nacional Electoral (INE) sus ingresos, egresos y otras operaciones financieras durante precampañas y campañas.
Menos tiempo en radio y televisión y regulación de la IA
En cuanto a tiempos en medios de comunicación, plantea reducir de 48 a 35 minutos los tiempos de radio y televisión otorgados al Estado y administrados por el INE durante los procesos electorales.
Para evitar “la manipulación informativa”, establece la regulación específica para el uso de la inteligencia artificial, al sugerir que que todos los contenido relacionados con procesos electorales modificados o alterados con cualquier tecnología similar deberán estar etiquetados por su emisor para su identificación.
“Las personas concesionarias de radio o televisión, así como las plataformas de servicios digitales, serán responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre contenido no etiquetado. La ley establecerá las responsabilidades, medidas y sanciones aplicables”, señala la iniciativa presidencial.
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cehr
