Una jueza federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir la totalidad de la carpeta de investigación seguida contra el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, y rendir cuentas, uno por uno, de cada acto de investigación que la defensa ha solicitado y que, según quedó expuesto en audiencia, no habría recibido respuesta formal del Ministerio Público.
La resolución fue emitida en audiencia de omisión de actuaciones del Ministerio Público y tutela de derechos, celebrada dentro de la Causa Penal 325/2025.
La jueza de Control Mariana Vieyra Valdés determinó que la FGR contará con 15 días hábiles para informar por escrito cuántos tomos, anexos, cuadernillos, técnicas de investigación y demás documentos integran el expediente, con la obligación de entregar a la defensa la totalidad del material que lo conforma.
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La juzgadora ordenó también que dentro del mismo plazo la Fiscalía cite a los abogados defensores para cotejar los tomos testados, es decir, con información suprimida contra los documentos originales, garantizando así el acceso directo a la información íntegra y la posibilidad de tomar notas.
La resolución establece además que la defensa tendrá acceso a la carpeta de investigación “cuantas veces sea necesario”, en palabras recogidas en el fallo, y que dicho acceso deberá incluir la presencia de peritos particulares que acompañen a los abogados en la revisión del expediente.
Las citas deberán solicitarse por correo electrónico o por escrito, a fin de que quede constancia formal de cada visita.
La jueza instruyó igualmente al Ministerio Público emitir los acuerdos pendientes respecto de todos los actos de investigación solicitados por la defensa, así como remitir los oficios correspondientes a la Secretaría de Marina y a la Agencia Nacional de Aduanas de México, diligencias que habían sido requeridas con antelación sin obtener respuesta.
El detonante de la audiencia fue la controversia generada porque diversas solicitudes de la defensa no habrían recibido acuerdo formal del Ministerio Público.
Ante ello, la jueza Vieyra Valdés determinó un mecanismo de auxilio judicial: la defensa deberá informar al tribunal todos los actos de investigación que ha solicitado, mientras que la FGR tendrá que explicar cómo atendió, o por qué no atendió cada uno de ellos, quedando el juzgado facultado para revisar punto por punto la actuación de la Fiscalía.
La resolución refuerza el principio de transparencia procesal en un caso de alto perfil que involucra a un alto mando de la Armada de México, y coloca a la FGR ante la obligación de demostrar ante el tribunal que su conducción de la investigación ha respetado plenamente el derecho de defensa.
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LMCT
