A más de un año de que fue descubierto lo que se ha descrito como “un campo de adiestramiento criminal” en el rancho Izaguirre del municipio de Teuchitlán, Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que ha logrado la detención de 47 personas y un avance general del 64.44 por ciento en el procesamiento integral del sitio.
En un comunicado, la Fiscalía confirmó que los restos óseos encontrados en este predio, ligado a operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pertenecen a un hombre que hasta el momento no se ha logrado identificar, ya que su perfil genético no coincide con el de los registros de las personas desaparecidas.
- El Dato: El 18 de septiembre de 2024, elementos de la GN acudieron al rancho tras un reporte de disparos. Ahí detuvieron a 10 personas armadas y liberaron a 3 secuestrados.
“Con relación al predio, las investigaciones han determinado de manera clara y contundente que el lugar era utilizado como un sitio de adiestramiento, ya que se desprende que realizaban actividades como prácticas de tiro, acondicionamiento y desafíos físicos”, explicó la FGR.
Van 890 detenidos por delitos de alto impacto en Jalisco durante administración de Sheinbaum: SSPC
En el lugar, agregó, se contaba con un área simulada como casa táctica para adiestramiento y simulación de cobertura, movimiento y generación de reacción.
Hasta el momento, “se ha logrado la detención de 47 personas y existen órdenes de aprehensión vigentes que están siendo cumplimentadas conforme a los procedimientos judiciales establecidos”.
Con base en la información de la indagatoria, en el rancho Izaguirre se reclutaba de manera forzada a personas a quienes les despojaban de sus pertenencias y prendas de vestir para hacerles portar otro tipo de vestimenta.
Ayer mismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la recomendación 11/2026 a la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), después de documentar deficiencias y omisiones en el procesamiento de evidencias en el rancho Izaguirre.
El organismo acreditó que el personal de la Fiscalía local falló en sus labores de preservación del sitio y manejo de la cadena de custodia. A pesar de que ahí se localizaron restos óseos, armas, evidencias balísticas y siete vehículos, las autoridades omitieron su procesamiento técnico integral, dejándolos sin identificar, inventariar o registrar de manera adecuada.
Según la recomendación, tres de los siete vehículos asegurados fueron robados el 25 de noviembre de 2024 mientras se encontraban en el depósito vehicular bajo resguardo de las autoridades.
También se evidencia que la contaminación de la escena continuó meses después, ante un indebido aseguramiento. El 5 de marzo de 2025 personas ajenas ingresaron al rancho y encontraron nuevas evidencias que las autoridades habían pasado por alto.
Días después, el 20 de marzo de 2025, un agente del Ministerio Público estatal permitió el ingreso masivo de personas al predio, con lo que se perdió el control del área y provocó la alteración definitiva del sitio y sus indicios.
La recomendación del organismo apunta a que hubo un retraso en materia pericial, ya que el dictamen de genética de las muestras biológicas de la víctima asesinada tomó alrededor de seis meses en ser confrontado con el banco de datos de personas desaparecidas.
La CNDH denunció que el IJCF exhibió en su portal web un catálogo con mil 842 indicios fotográficos del caso sin controles adecuados, lo que vulneró la dignidad de las posibles víctimas y de sus familiares.
De esta forma, agrega, las personas titulares de la FEJ y del IJCF tienen seis meses para reconocer su responsabilidad y disculparse de manera pública.
Ambas dependencias deberían actualizar, según el exhorto de la CNDH, sus protocolos para el aseguramiento de escenas del crimen, implementar ciclos de formación especializada en derechos humanos para su personal y colaborar en los procedimientos administrativos que se iniciarán contra los servidores públicos involucrados en estas graves omisiones.
