México registró 382 incidentes de violencia político-electoral a lo largo de 2025, es decir, más de uno al día, convirtiendo al año en el segundo más violento para actores políticos desde 2018 y, sin embargo, la reforma electoral presentada no contempla medidas específicas para enfrentar este problema, denunció Integralia Consultores.
Según el Reporte de Violencia Política en México 2025, se trata de una ausencia que el propio reporte señala como una omisión crítica ante una crisis que no da señales de ceder.
Los homicidios dolosos representaron el 49.2 por ciento, cifra que es casi la mitad de todos los casos, lo que marca un patrón de ataques cada vez más letales y directos contra quienes participan en la vida pública del país.
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Lo que distingue a 2025 de años anteriores es que no fue un ciclo electoral intenso. Solo se renovaron ayuntamientos en Veracruz y Durango, además de celebrarse elecciones judiciales. Aun así, la violencia no aminoró.
El primer semestre concentró 254 incidentes, frente a 128 en la segunda mitad del año, con picos pronunciados en mayo y junio.
El reporte concluye que la violencia “continúa siendo utilizada como mecanismo para presionar a actores políticos y condicionar los resultados electorales”, lo que sugiere que ya no depende exclusivamente del calendario electoral para manifestarse.
La distribución geográfica de los casos apunta a las zonas donde el crimen organizado disputa territorios e instituciones. Veracruz encabezó el conteo con 104 casos, cifra que representa más de la cuarta parte del total nacional, seguido por Guerrero, con 34; Morelos, con 32; Oaxaca, 29; Puebla, 26; y Guanajuato, con 21.
Integralia señala que estas entidades comparten “contextos caracterizados por la presencia de múltiples organizaciones criminales, disputas por el control de economías ilícitas y debilidades institucionales”, factores que exponen a autoridades y actores políticos locales a niveles excepcionales de riesgo.
El eslabón más vulnerable de la cadena institucional sigue siendo el municipal. El 79.3 por ciento de los incidentes documentados tuvieron como blanco a actores del ámbito local, es decir, a presidentes municipales, regidores, síndicos, candidatos y funcionarios de ese nivel.
El reporte atribuye esta exposición a “la debilidad de las policías municipales, las limitaciones presupuestales para fortalecer las instituciones de seguridad y la escasa presencia de corporaciones estatales o federales en diversas regiones del país”.
Además de los 188 homicidios dolosos, el reporte contabilizó 96 amenazas, así como atentados con arma de fuego, secuestros y desapariciones, una combinación que, según el análisis, “refleja una mayor letalidad en los ataques y una menor dependencia de mecanismos indirectos de intimidación”.
Si las tendencias se mantienen, el reporte proyecta que, en los comicios de 2027, un año electoral de mayor dimensión, en que se renovarán 17 gubernaturas, se registrarán:
Más casos de asesinatos, atentados, amenazas, secuestros y otras agresiones contra actores políticos
La violencia política en México concluye el reporte, ya no es un fenómeno estacional que se activa con las campañas: es una realidad estructural que permea el ejercicio del poder público a lo largo y ancho del territorio nacional.
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LMCT
