El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, en Nueva York, rechazar la apelación presentada por Genaro García Luna contra su condena de 38 años de prisión por narcotráfico y delincuencia organizada, al sostener que las pruebas en su contra fueron “más allá de toda duda razonable”.
En un documento de más de 100 páginas, firmado por el fiscal especial Adam Amir en representación del fiscal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella, la fiscalía defendió la solidez del caso construido durante el juicio de cinco semanas celebrado en Brooklyn, donde el exsecretario de Seguridad Pública fue declarado culpable en febrero de 2024.
“Las pruebas presentadas en este juicio de cinco semanas demostraron que García Luna era un funcionario corrupto [...] que aceptó millones de dólares en sobornos”, señala el escrito entregado al tribunal.
Dan suspensión provisional a exasesora de Genaro García Luna acusada de lavado de dinero
En el mismo, se detalla la colaboración del exfuncionario con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con los fiscales, durante el proceso se presentaron más de 25 testigos (incluidos nueve colaboradores), así como documentos y análisis financieros que acreditan el pago de sobornos millonarios y la asistencia brindada a la organización criminal, incluyendo la facilitación del tráfico de drogas y el suministro de información y recursos.
La fiscalía también aseguró que existen pruebas de que García Luna intentó sobornar a internos en la cárcel de Brooklyn para manipular testimonios a su favor, lo que, afirma, refuerza la validez de la condena dictada el 18 de octubre de 2024 por el juez Brian Cogan.
En su apelación, la defensa de García Luna argumenta que el proceso estuvo marcado por irregularidades, como presunto perjurio de testigos, restricciones en los contrainterrogatorios, fallas en la entrega de pruebas y la negativa de acceso a información clasificada, además del uso indebido de evidencia sobre su patrimonio.
Sin embargo, la fiscalía rechazó estos señalamientos y aseguró que se entregó a la defensa más de un millón de documentos, en cumplimiento con los estándares legales.
Asimismo, calificó como “errores menores” o “inofensivos” las inconsistencias detectadas en algunos testimonios, los cuales, consideró, no afectan el fondo del caso.
García Luna, actualmente recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, tiene un plazo de 21 días hábiles para responder a los argumentos.
Posteriormente, el tribunal podrá convocar audiencias orales antes de emitir una resolución, que podría confirmar la sentencia, ordenar un nuevo juicio o, en un escenario menos probable, revocar la condena.
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