Con el objetivo de acabar con la impunidad en los feminicidios y homologar su atención en todo el país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la presentación de una iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.
El proyecto contempla una reforma al artículo 52 constitucional para facultar al Congreso de la Unión a emitir esta legislación, la cual será enviada este mismo martes al Senado de la República.
La mandataria expresó confianza en que la iniciativa será respaldada ampliamente, al cuestionar quién podría oponerse a garantizar justicia ante un delito que arrebata la vida a las mujeres.
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Subrayó que la propuesta busca evitar que los casos sean mal clasificados, de forma que que ninguna autoridad pueda descartar de inicio un feminicidio.
Como antecedente, recordó que durante la gestión de Ernestina Godoy en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se implementó un modelo de investigación que permitió combatir la impunidad en estos casos, el cual ahora se pretende replicar a nivel nacional.
Ernestina Godoy detalla propuesta de Ley
Godoy Ramos, actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR), enfatizó que este delito exige la reconfiguración de procuradurías y fiscalías, al tratarse de una grave violación a los derechos humanos que requiere respuestas estructurales del Estado mexicano.
Detalló que la iniciativa establece penas de 40 a 70 años de prisión por feminicidio, además de sanciones para la tentativa y la incorporación de 21 agravantes, como que la víctima sea menor de edad, adulta mayor, pertenezca a pueblos originarios o tenga alguna discapacidad.
Asimismo, se plantean nueve razones de género para tipificar el delito, entre ellas signos de violencia sexual, estereotipos y relaciones de poder o subordinación.
Uno de los ejes centrales es la homologación de protocolos para que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio como feminicidio, incorporando la perspectiva de género en todo el proceso.
La propuesta también contempla que los responsables pierdan derechos sucesorios, la patria potestad y cualquier beneficio legal relacionado con las víctimas, además de establecer la reparación integral del daño, la cual será imprescriptible.
En cuanto a la atención a víctimas, se incluyen medidas como atención médica y psicológica de urgencia, asistencia jurídica gratuita, seguridad social para menores en orfandad y la entrega digna de los cuerpos.
Además, se prevé la creación de un registro nacional de niños en orfandad por feminicidio, así como lineamientos para evitar la difusión de contenido que revictimice en plataformas digitales.
Finalmente, se establece que las investigaciones deberán ser continuas, sin interrupciones por cambios de turno, y estar a cargo de personal especializado, con el fin de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.
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