Morena cedió ante la exigencia del Partido del Trabajo (PT) y acordó retirar el artículo 35 constitucional del "Plan B" de la reforma electoral —la cláusula que permitiría al Ejecutivo Federal llamar al voto con recursos públicos— a cambio de mantener la unidad de la coalición.
Con ese acuerdo, el pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma con 87 votos a favor de Morena, PT y Verde Ecologista, y 21 en contra de PAN y PRI, tras una sesión de más de cinco horas de duración, los panistas, priistas y emecistas celebraron al grito de: “¡sí se pudo!”.
Al inicio de la sesión, en posicionamientos, el líder nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, anunció el rechazo desde tribuna: “Nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución”, aunque buscó encuadrar la posición como un acto de lealtad: “Quienes pensaban que nuestra coalición podía tener algunas grietas y tener inicio de una división, se equivocan”.
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PT exigió retirar la revocación de mandato
Ignacio Mier Velazco, coordinador de los senadores de Morena, confirmó los alcances del acuerdo en entrevista durante la sesión: “La reserva que va a presentar el Partido del Trabajo es que quede excluida de la minuta lo que se refiere a revocación de mandato. Todo el 35 se retira para que queden sus términos como está en la Constitución actualmente”.
Rechazó que la concesión represente una derrota y atribuyó el fracaso a la oposición: “¿Cómo puede ser una derrota si hemos logrado con el Partido Verde y el Partido del Trabajo reformar 103 artículos de la Constitución?”.
Intentó además minimizar la fisura publicando en redes un video tomado de la mano con Alberto Anaya y los coordinadores del PT y del Verde. “Quienes soñaban con la división de nuestro movimiento, otra vez se quedaron con las ganas”, escribió.
La morenista Guadalupe Chavira de la Rosa defendió la reforma desde tribuna: “La diferencia es sana en la pluralidad. Lo que no puede ser sano es usar la pluralidad como coartada para defender privilegios e impedir que avance una transformación necesaria”.
PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) se manifestaron en contra del artículo 35 y coincidieron en que representa un intento de Morena por constitucionalizar la participación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las campañas de 2027 con recursos públicos, en contravención de las normas de veda electoral.
La priista Claudia Anaya Mota aludió directamente al PT, señalando que al desmarcarse demuestra “que todavía nos queda un resabio de izquierda en este país”. En el mismo sentido se expresó la emecista Alejandra Barrales Magdaleno, al reconocer la “postura congruente” del partido.
La panista Mayuli Latifa Martínez Simón afirmó: “En 2007 se prohibió que los presidentes hagan pronunciamientos en campañas. Hoy Morena quiere regresar a esas viejas prácticas”. Clemente Castañeda Hoeflich, de MC, lo calificó de “privilegio”: “Le están autorizando a la presidenta que haga promoción con recursos públicos además de las horas que tiene de la mañanera”.
El debate también derivó en acusaciones cruzadas de vínculos con el narcotráfico. El morenista Gerardo Fernández Noroña arremetió contra PAN y PRI: “El único narco confeso y preso es Genaro García Luna, que trabajaba con ‘El Chapo’ Guzmán y Felipe Calderón. Si los partidos vinculados al narco desaparecieran, el PRI y el PAN no tendrían un solo escaño”.
El intercambio escaló cuando la panista Lilly Téllez —a quien le cerraron el micrófono en tribuna cuando cuestionaba que le hubieran gritado a Grecia Quiroz, pese a que la invitaron al Senado— interrumpió a gritos la participación del morenista Saúl Monreal, a quien llamó “narcopolítico”. Monreal la retó a probar sus acusaciones o a dejar el cargo.
La iniciativa aprobada en lo general establece que los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), los organismos locales electorales y los tribunales no podrán ganar más que la Presidenta, y elimina bonos y compensaciones.
Prevé una reducción de hasta 15 por ciento en el presupuesto del Senado en cuatro años, endurece controles sobre financiamiento de campañas y obliga a los partidos a transparentar los salarios de sus dirigencias.
En el ámbito municipal, limita a 15 las regidurías y a una sola sindicatura por municipio, y fija un tope de 0.70 por ciento del presupuesto estatal para los congresos locales.
El dictamen será remitido a la Cámara de Diputados.
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cehr