La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma que limita las pensiones y jubilaciones de personal de confianza de organismos descentralizados y empresas públicas del Estado.
Pasadas las 13:00 horas, el pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión del dictamen a la minuta de reformas al artículo 127 de la Constitución en materia de pensiones, con el objetivo de establecer un tope que no rebase la mitad de la percepción presidencial, es decir, aproximadamente 67 mil pesos mensuales, y así evitar las llamadas “pensiones doradas”.
La reforma fue avalada por 458 votos a favor.
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El dictamen avalado establece que las jubilaciones de servidores públicos no deberán exceder de la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo Federal, es decir, alrededor de 70 mil pesos.
También dispone que la reforma será retroactiva, y las pensiones actuales que sobrepasen dicho límite, deberán ajustarse al monto fijado en la reforma constitucional.
Durante la discusión en lo general, el diputado Alejandro Domínguez (PRI) señaló que al establecer que la reforma sea retroactiva, afectará a los trabajadores; mientras que quedan intactos los privilegios de otros, como los ex ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Esta iniciativa no es pareja porque no todos serán afectados por igual, algunos van a conservar sus privilegios, por ejemplo, el ministro Arturo Saldívar conservará sus privilegios, los ministros en retiro conservarán sus privilegios, eso es lo que convierte a esta reforma en una reforma selectiva, discrecional y clasista, y además con un sustento jurídico poco sostenible porque viola el principio de retroactividad de la ley, atenta contra la seguridad jurídica, va a abrir la puerta de litigios masivos”, dijo.
La diputada Lilia Aguilar (PT) dijo que se deben eliminar los excesos en las pensiones porque “se logró gracias a que estos sistemas pensionarios fueron dados con actos de corrupción”, y aumentaron 157% entre 2018 y 2019.
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FGR
