La Cámara de Diputados realizó este martes la declaratoria de constitucionalidad de la reforma electoral conocida como Plan B, luego de que 20 congresos estatales emitieran votos aprobatorios, superando el mínimo de 17 requerido por la Constitución para validar una enmienda a la Carta Magna.
La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, modifica los artículos 115, 116 y 134 constitucionales e introduce restricciones presupuestales y operativas a los organismos electorales del país.
Durante la sesión, se dio fe de que los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México habían aprobado la enmienda.

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Con ello, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, leyó la declaratoria formal:
“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara reformados los artículos 115 fracción primera párrafo primero y 116 fracción segunda párrafo segundo, y adicionado el artículo 134 con un párrafo cuarto, recorriéndose los subsecuentes en su orden”, leyó López Rabadán.
La reforma modifica tres ejes del andamiaje electoral y administrativo.
En materia municipal, el texto constitucional fija en 15 el número máximo de regidores por ayuntamiento, además de un síndico.
En el ámbito local, los presupuestos de los congresos estatales quedan acotados a un tope del 0.70 por ciento del gasto total de cada entidad.
En lo que respecta a los órganos electorales, la reforma establece restricciones a las prestaciones adicionales del personal de institutos y tribunales electorales locales, al tiempo que otorga nuevas facultades para regular las percepciones de funcionarios del INE.
Las modificaciones buscan reducir costos y hacer más eficiente el aparato electoral. Una vez emitida la declaratoria, el expediente fue remitido a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales.
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