El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que sancionó a seis objetivos con operaciones en la zona fronteriza Nuevo Laredo - Texas por sus presuntos vínculos con el Cártel del Noreste.
Entre los objetivos sancionados se encuentran tres personas: Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”; el abogado Juan Pablo Penilla, y el activista Jesús Reymundo Ramos. A ellos se suman los casinos Centenario y Diamante, y la empresa Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA).
Así lo informó el Departamento del Tesoro en un comunicado, en donde aseguró que la acción fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y fue resultado de operaciones contra el Cártel de Noreste, al que consideran uno de fuerte influencia en la zona fronteriza de Nuevo Laredo - Texas.
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Explicó que las sanciones fueron resultado de investigaciones en donde se encontró que este cártel opera mediante negocios pantalla, presuntamente utilizados para lavar recursos ilícitos. Entre ellos, se encuentran las citadas empresas mencionadas.
En el caso de Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se descubrió que era utilizado como bodega para pastillas de fentanilo y cocaína, además de servir como mecanismo para integrar recursos ilícitos al sistema financiero formal.
El Tesoro estadounidense señaló que el cártel también utilizaba cuartos traseros del casino para torturar e intimidar a presuntos enemigos.
De la misma forma, se identificó que Eduardo Javier Islas, “Crosty”, es responsable de operaciones de tráfico de personas en Nuevo Laredo. Además, es acusado de supervisar a los “pateros”, traficantes del cruce de migrantes por el Río Bravo hacia Texas.
Mientras que el abogado Juan Pablo Penilla fue señalado por el Tesoro de presuntamente servir como intermediario entre Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales y la actual dirigencia del cártel, incluso durante su encarcelamiento.
Por su parte, el activista Jesús Raymundo Ramos fue acusado por Estados Unidos de encabezar una supuesta campaña de desinformación contra autoridades mexicanas, mientras se presentaba públicamente como activista de derechos humanos.
Como parte de estas sanciones, todos los bienes, activos e intereses en propiedad de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos quedarán bloqueados.
Asimismo, se prohibirán transacciones de personas y empresas estadounidenses con los señalados, además de que instituciones financieras extranjeras también podrían enfrentar sanciones secundarias si facilitan operaciones con los designados.
“El Tesoro siempre utilizará todas las herramientas para proteger a nuestra nación de los cárteles violentos que buscan imponer terror a los estadounidenses inocentes”, dijo el titular de la institución, Scott Bessent, según el comunicado.
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