En el contexto del proceso de renovación de tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Claudia Valle Aguilasocho, advirtió sobre la necesidad de garantizar la legitimidad en el uso de acciones afirmativas y evitar que estos mecanismos sean objeto de fraude o simulación en la postulación de candidaturas.
En entrevista, la juzgadora subrayó que estas medidas son indispensables para la representación política de sectores históricamente excluidos, pero enfatizó que deben aplicarse con rigor: “No solamente son un tema necesario para visibilizar a los grupos no representados, sino también es un deber cuidar que tengan presencia legítimamente quienes pertenecen a estos grupos sociales”.
- El Dato: El Consejo General del INE es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia electoral.
Las acciones afirmativas son medidas diseñadas para revertir desigualdades y garantizar la igualdad de grupos en situación de vulnerabilidad, así como asegurar la representación de mujeres, personas indígenas, personas con discapacidad, integrantes de la diversidad sexual y población afrodescendiente, entre otros sectores.
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Ante cuestionamientos sobre posibles irregularidades entre aspirantes que se registraron bajo esa figura, Valle Aguilasocho sostuvo que existen mecanismos de control: “Hay filtros y está garantizado el que no se haga fraude con las acciones afirmativas”.
Explicó que, en la práctica, la autoridad administrativa electoral recibe la manifestación de pertenencia a estos grupos, pero la verificación más profunda suele realizarse cuando hay impugnaciones.
En ese sentido, advirtió que los conflictos surgen cuando “la legitimidad no se reconoce por el grupo al que se dice pertenecer, lo que vienen son acciones de quienes representan a estos grupos, reclamando la falta de legitimación o incluso la usurpación o el fraude”.
Por ello, consideró fundamental fortalecer la revisión desde etapas previas para evitar que estos casos lleguen a tribunales: “Qué importante es que esto no se lleve hasta un juicio, sino que se dé antes ante la autoridad administrativa para no judicializar la legitimación de quienes deben ocupar esos espacios”.
Además, la magistrada abrió la puerta a una interpretación más amplia en materia de discapacidad, al señalar que no todas “son evidentes, pero son discapacidades en el plano de los derechos fundamentales a la igualdad”.
Añadió que muchas condiciones se adquieren con el tiempo y deben ser reconocidas: “No por ello vamos a dejar de pensar que esas son discapacidades que representan retos en el ejercicio de los derechos y que las acciones afirmativas también son para estas personas”.
Respecto a señalamientos sobre presuntas fallas en exámenes para aspirantes a consejerías electorales, llamó a sustentar cualquier acusación con pruebas.
“No es solamente una expresión de que algo ocurrió; en los expedientes siempre la prueba y el derecho a demostrar la irregularidad son necesarias”, apuntó.
La magistrada evitó pronunciarse sobre la supuesta cercanía política de aspirantes a consejeros del INE, al señalar que, por su investidura, no puede opinar sobre procesos en curso.
No obstante, reiteró el principio rector: “El objetivo es que lleguen las personas más idóneas para realizar la función para la cual están siendo seleccionados, porque eso es lo que ayuda a México”.
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LMCT
