La reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, conocida como el ‘Plan B’, entró oficialmente en vigor este viernes tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), marcando un cambio estructural en la organización municipal, el gasto público y las condiciones salariales de funcionarios electorales en todo el país.
El decreto, promulgado por Claudia Sheinbaum fue aprobado previamente por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales, y establece modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución. Con ello, se fijó como plazo el próximo 30 de mayo para que tanto el Congreso federal como las legislaturas locales armonicen su marco jurídico conforme a los nuevos lineamientos.
El decreto publicado detalla que las nuevas disposiciones buscan reducir privilegios en los gobiernos locales y redirigir recursos hacia proyectos de infraestructura.
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Entre los cambios más relevantes destaca la reducción en el número de integrantes de los ayuntamientos.
“En el caso de los ayuntamientos se reducirá el número de regidores, a máximo 15, dependiendo la población de cada región y se limitará a una sindicatura por municipio”, establece el documento.
Asimismo, en los congresos locales se impondrá un tope salarial equivalente al .70 por ciento del egreso de cada entidad.
La reforma también impacta directamente a los organismos electorales.
“Para funcionarios del INE, tribunales y órganos electorales estatales habrá una reducción de salario y no podrán ganar más que la Presidenta”, señala el texto, el cual añade que se eliminarán seguros de gastos médicos mayores y percepciones adicionales.
En el ámbito legislativo federal, el decreto contempla ajustes al gasto del Senado. “Se propuso una reducción del gasto progresivo hasta llegar a un 15 por ciento”, puntualiza la reforma, que forma parte de la estrategia del gobierno federal para racionalizar el uso de recursos públicos.
Los ahorros generados por estas medidas serán canalizados a obras de infraestructura en municipios y entidades federativas, con el objetivo de fortalecer el desarrollo local y atender rezagos en servicios básicos.
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FGR
