Corre peligro en México, argumentan

Fernando Farías Laguna pedirá asilo en Argentina y rechaza extradición a México

El excontralmirante Fernando Farías Laguna pedirá asilo en Argentina tras comparecer ante juez; su defensa afirma que su vida corre riesgo en México

Fernando Farías Laguna buscará asilo en Argentina durante su audiencia ante un juez federal en Buenos Aires. Foto: La Razón (con material de Reuters)

El excontralmirante Fernando Farías Laguna solicitará asilo político en Argentina durante su primera audiencia ante un juez federal de Buenos Aires, confirmó este viernes su abogado defensor, Epigmenio Mendieta.

La petición será presentada al término de su comparecencia, programada para el mediodía de este viernes, tiempo de México.

La defensa sostiene que Farías Laguna no aceptará la extradición, al argumentar que su vida e integridad personal corren riesgo en México.

La defensa del contralmirante afirma que enfrenta riesgos a su integridad si es extraditado a México. ı Foto: Especial

Según sus abogados, el marino fue quien denunció ante sus superiores (incluido el entonces titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda, su tío) la existencia de la organización criminal que ahora las autoridades mexicanas le atribuyen encabezar.

Mendieta aclaró que la solicitud de asilo no se basa en persecución política, sino en una amenaza directa contra la vida de su cliente.

Durante la audiencia, el juez argentino notificará formalmente a Farías Laguna, revisará los cargos en su contra y definirá los siguientes pasos en el proceso de extradición.

El exmando naval solicitará asilo para frenar su entrega a autoridades mexicanas. ı Foto: Especial

En ese mismo acto, la defensa formalizará la solicitud de asilo con el objetivo de frenar cualquier posibilidad de entrega a México.

Tanto Fernando como Manuel Farías Laguna fueron señalados el año pasado como parte de una red de contrabando de combustibles, que operaba mediante la simulación de importaciones.

De acuerdo con las autoridades, la estructura contaba con protección institucional y política, utilizaba empresas fachada y evadía impuestos.

La procuradora fiscal, Grisel Galeano García, informó ante el Congreso que el monto del esquema alcanzaría los 600 mil millones de pesos.

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