La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, reconoció que el sistema de procuración de justicia enfrenta un rezago estructural, ya que la mayoría de los delitos no se denuncia y, de los que llegan a las fiscalías, sólo una fracción logra la judicialización de las indagatorias.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Senado, Ernestina Godoy Ramos presentó su Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029, donde admitió que en algunos delitos “la cifra negra de impunidad rebasa el 90 y el 95 por ciento”, ya que sólo existe “un porcentaje muy pequeño” de carpetas de investigación que se judicializan.
- El Dato: La Vicepresidenta del Senado, Verónica Camino Farjat, informó que el documento presentado por la FGR fue turnado a la Comisión de Justicia desde el 16 de abril.
“Lo que llega a las fiscalías es un porcentaje muy pequeño que avanza a las judicializaciones. Eso es algo que también estamos analizando, porque no puede ser que tengamos índices de no ejercicio de la acción penal muy altos; eso quiere decir que hay impunidad”, reconoció la fiscal en respuesta a los cuestionamientos de la senadora panista Guadalupe Murguía, quien en su intervención destacó que “nueve de cada 10 delitos denunciados no se investigan ni se judicializan”.
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La legisladora blanquiazul reconoció el documento como “el instrumento de planeación más serio” presentado en los últimos años, pero advirtió vacíos estructurales que podrían comprometer su viabilidad. Señaló que el plan carece de metas, indicadores y plazos claros: “Considero que el plan no tiene metas, indicadores y tiempos que nos permitan ir dando un seguimiento”.
Ante ello, Godoy Ramos sostuvo que el diagnóstico planteado parte de una revisión “lo más honesta posible” de la realidad que enfrenta actualmente la institución, y reconoció que la desconfianza ciudadana es uno de los principales factores detrás de la cifra negra reportada.
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Explicó que, de acuerdo con datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), muchas personas no denuncian por malas experiencias o percepciones negativas sobre la atención en las fiscalías, por lo que planteó como prioritario la implementación de medidas que mejoren el primer contacto con las víctimas o denunciantes.
“Queremos que, cuando lleguen a las instalaciones de la fiscalía, la gente sienta que llegó a un lugar donde le vamos a escuchar, le vamos a atender, vamos a hacer todo lo posible por resolver el caso”, dijo.
Mientras que Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano (MC), puso sobre la mesa casos recientes de feminicidio en la Ciudad de México (CDMX), al denunciar “irregularidades y deficiencias graves en las investigaciones”, y solicitó formalmente que la FGR atraiga los casos de Edith Guadalupe y Carolina Flores.
El senador Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara alta, señaló que el documento presentado por la fiscal general parte de un diagnóstico claro de la situación actual de la dependencia y refiere que en ella hay un incremento del siete por ciento en la integración de carpetas de investigación y agregó que la prevalencia de actividad delictiva se concentra en delitos relativos a hidrocarburos con once por ciento, posesión de armas y explosivos en 21 por ciento y delitos patrimoniales en 21 por ciento.
El senador morenista agregó que, como parte del informe, se señala una concentración geográfica de las indagatorias en cinco entidades: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Guanajuato y Nuevo León, así como la existencia de 136 mil 256 carpetas de investigación en trámite, de las cuales 27 por ciento llegan a concretarse en una sentencia.
La Comisión de Justicia del Senado aprobó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029 con 12 votos a favor y una abstención, con lo cual será implementado; una vez avalado el dictamen se remitió a la mesa directiva del Senado de la República para su trámite.
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FGR
