La Fiscalía General de Chihuahua abrió una línea de investigación por la posible participación “extraoficial” de ciudadanos estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico en la Sierra Tarahumara, un caso que derivó en la renuncia del fiscal estatal y que ahora coloca bajo revisión los protocolos de coordinación internacional en materia de seguridad.
Autoridades estatales confirmaron que los primeros indicios apuntan a una intervención ajena a los canales formales. La fiscal encargada de la Unidad Especializada para esclarecer los hechos, Wendy Paola Chávez, señaló que “existen elementos que sugieren una posible colaboración de carácter extraoficial, cuya naturaleza deberá determinarse con mayor precisión”.
- El Dato: Los resultados se obtuvieron con base en aproximadamente 50 entrevistas ministeriales y conclusiones de más de 10 informes periciales, de acuerdo con la unidad especial.
De acuerdo con la investigación, los elementos estadounidenses recibieron atención directa de Pedro Román Oseguera Cervantes, entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), quien autorizó su traslado dentro de vehículos oficiales sin informar a mandos superiores. La fiscalía de Chihuahua estableció que no existe registro de notificación institucional sobre su presencia en el convoy, lo que refuerza la hipótesis de una actuación fuera de los procedimientos establecidos.
Golpe al CJNG: caen perfilado sucesor de El Mencho y su operador financiero
Testimonios internos describieron que esas cuatro personas evitaron contacto con autoridades militares, mantuvieron el rostro cubierto la mayor parte del tiempo y no participaron en reuniones de planeación ni en el aseguramiento de laboratorios clandestinos detectados en el municipio de Morelos.
El operativo permitió ubicar dos centros de producción de droga sintética en la zona serrana. Tras concluir las labores de inspección, el convoy inició su regreso hacia la capital del estado; sin embargo, durante la madrugada del 19 de abril, uno de los vehículos perdió el control y cayó a un barranco.
Personal que viajaba en otra unidad, entre los que se encontraban otros dos extranjeros, acudió al sitio para auxiliar a las víctimas. En ese momento surgió una primera referencia sobre la identidad de los fallecidos, cuando un integrante del equipo indicó que se trataba “presuntamente de ciudadanos estadounidenses y enlaces de la embajada”, versión que quedó asentada en las diligencias iniciales.
Más tarde, la representación consular de Estados Unidos confirmó la identidad de las personas al reclamar los cuerpos, aunque evitó precisar si ocupaban cargos oficiales o si mantenían vínculos formales con alguna agencia. Hasta ahora, las autoridades locales sostuvieron que no hay evidencia de que desempeñaran funciones operativas o de mando dentro del despliegue.
Renuncia. El caso escaló a nivel político y provocó la salida del fiscal general, César Jáuregui Moreno, quien presentó su renuncia irrevocable tras reconocer inconsistencias en la información oficial. La dimisión se formalizó ante la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, en medio de cuestionamientos sobre la conducción del operativo.
Durante su mensaje en rueda de prensa, el exfuncionario asumió la responsabilidad por el manejo del caso y admitió fallas en la comunicación pública.
“La información con la que contamos inicialmente y que compartí con la opinión pública era inconsistente y ameritaba una investigación para conocer en detalle la participación de estas personas”, declaró Jáuregui Moreno.
El ahora exfiscal defendió la actuación de las corporaciones estatales al subrayar que el objetivo central consistió en enfrentar al crimen organizado dentro del marco legal. “Dicho compromiso exige además de valor y convicción, el estricto respeto a la legalidad y a la soberanía, y a los protocolos de colaboración internacional”, afirmó.
Pese a la polémica, el exmando destacó el impacto del operativo en términos de seguridad. “Estos hechos han eclipsado un logro de la mayor relevancia: la destrucción de uno de los laboratorios de drogas más grandes en la historia de nuestro país”, sostuvo, al tiempo que reconoció que ningún resultado puede justificar desviaciones legales.
En su despedida, enfatizó la necesidad de garantizar una investigación independiente que permita esclarecer los hechos. “La medida más adecuada es poner a disposición mi cargo para permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía, prontitud y exhaustividad, y para restablecer la confianza pública”, señaló.
La renuncia del fiscal de Chihuahua se concretó a tan sólo horas de que la gobernadora Maru Campos acuda al Senado para comparecer sobre este caso. El encuentro ocurre bajo presión política, ante cuestionamientos por una posible vulneración a la legislación mexicana en materia de seguridad y soberanía.
CSP pide esperar antes de juicio contra Campos
› Por Yulia Bonilla
la Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, debe aclarar cómo es que se dio la intervención de dos elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en actividades de seguridad pública, antes de que se inicie un procedimiento de juicio político en su contra.
Además, comentó que la unidad de investigación que la gobernadora ordenó crear para esclarecer el problema no fue una decisión notificada a la Federación y, además, no resuelve el hecho.
- 4 elementos murieron en el accidente, 2 mexicanos y 2 de EU
También cuestionó la conformación de tal grupo, pues, desde su perspectiva, no hay muchas opciones para encontrar el origen de la orden que permitió que extranjeros intervinieran: la opción fue girada por el gobierno estatal o por la Fiscalía del estado.
“Ella se comprometió a seguir avanzando. Públicamente no lo conocíamos (a la unidad de investigación) hasta que ella da la conferencia prensa, dice que forma una unidad de investigación para saber qué pasó. Realmente no se requerirían tantas unidades de investigación. O fue la fiscalía o fue el gobierno.
“O fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua o fue el secretario de Seguridad, no hay muchas más opciones para poder colaborar con personas extranjeras sin seguir la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución. Entonces, vamos a esperar qué dice la gobernadora”, declaró.
Además, subrayó que este caso no significa una disputa por motivos políticos, ya que la participación de los agentes constituyó una violación a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, así como una vulneración a la soberanía nacional, la cual debe defenderse.
La jefa del Ejecutivo federal sostuvo que el apego a las leyes y lo que dicta la Carta Magna debe de ser respetado por todos los niveles de gobierno.
Con relación a la solicitud que se hizo al gobierno de Estados Unidos, para que esclarezca el ingreso de sus agentes a México, dijo esperar que este episodio quede como un “caso de excepción” y que a partir de ahora se cumplan con las reglas que hay en el marco del entendimiento de seguridad que se estableció meses atrás entre ambos gobiernos.
“No pongamos en riesgo esta coordinación y sigamos avanzando en el marco de nuestra de las leyes de ambos países. Nosotros no tenemos deseo de entablar un conflicto con Estados Unidos, pero sí tenemos que ser muy claros y hacer públicos todo esto que se presentó: Que este sea un caso de excepción y no la regla”, concluyó la mandataria.
