Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documenta transferencias por millones de pesos entre empresas vinculadas al empresario Gilberto Salazar Escoboza —identificado como consuegro del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño— y Fernando Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán.
De acuerdo con el reportaje, los registros financieros analizados muestran que durante 2025 Farías Laguna recibió más de 40 millones de pesos en depósitos y transfirió cerca de 39.7 millones de pesos a distintas empresas.
Dentro de estos movimientos, se identificaron operaciones por al menos 15 millones de pesos con compañías relacionadas con Salazar Escoboza, lo que sugiere un flujo relevante de recursos entre ambas partes.
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Las transacciones incluyen depósitos provenientes de firmas ligadas al empresario, así como transferencias hacia otras entidades que formarían parte de una red empresarial interconectada. Estas operaciones fueron catalogadas como inusuales por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que derivó en el seguimiento de posibles irregularidades financieras.
El reportaje señala que Gilberto Salazar Escoboza fue detenido en 2012 en Estados Unidos por fraude contra el EXIM Bank, tras participar en un esquema de exportaciones simuladas con el que obtuvo más de 4 millones de dólares.
En 2013 se declaró culpable de uno de los cargos, pagó una multa y posteriormente fue deportado a México. Sus empresas, de acuerdo con la investigación, aparecen como emisoras y receptoras en los movimientos financieros detectados.
En este contexto, la investigación también refiere vínculos empresariales y familiares que conectan al empresario con el entorno del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, lo que añade una dimensión política al caso, aunque sin que se establezca responsabilidad directa del mandatario.
Las transferencias se analizan dentro de una indagatoria más amplia relacionada con un posible esquema de huachicol fiscal, en el que Farías Laguna ha sido señalado como presunto operador.
Dicho esquema implicaría la importación de combustibles mediante documentación irregular para evadir impuestos, lo que ha llevado a las autoridades a rastrear operaciones financieras y redes empresariales vinculadas.
Hasta el momento, no se ha determinado públicamente el motivo específico de las transferencias ni el origen de los recursos involucrados. Tampoco existe una resolución judicial firme que confirme que los movimientos estén directamente relacionados con actividades ilícitas, por lo que el caso permanece bajo investigación.
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MSL
