El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó este martes, por mayoría de siete votos, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 13/2025, que expulsa del orden jurídico la fracción segunda del artículo 42 del Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), disposición que impedía al Seguro de Enfermedades y Maternidad cubrir aparatos auditivos, implantes cocleares, prótesis y órtesis externas para niñas, niños y adolescentes con discapacidad sensorial auditiva.
La resolución, presentada bajo la ponencia de la ministra María Estela Ríos González, tiene como sustento la jurisprudencia derivada del amparo en revisión 393/2023, en el que la entonces Segunda Sala determinó que la norma vulneraba el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social de la infancia con discapacidad auditiva.
Tras concederse al Poder Ejecutivo Federal un plazo constitucional de 90 días naturales, que transcurrió del 19 de agosto al 16 de noviembre de 2025 sin que la autoridad modificara o derogara la disposición, el Pleno procedió a emitir la declaratoria con efectos generales para ese grupo de población.
El debate se centró en los alcances de la declaratoria. El ministro Irving Espinosa Betanzo argumentó que la declaratoria debía producir la expulsión total de la fracción normativa del orden jurídico, y no una mera inaplicación acotada a menores.
“La declaratoria general es un mecanismo cuya finalidad es la de expulsar del sistema jurídico normas contrarias a derechos humanos”, sostuvo, al señalar que limitar sus efectos únicamente a niñas, niños y adolescentes dejaba la norma formalmente vigente para el resto de la población, generando “incertidumbre sobre la vigencia formal del precepto”.
La ministra Lenia Batres Guadarrama votó en contra de la declaratoria en su conjunto, al considerar que emitirla sin conocer las consecuencias presupuestales y técnicas del IMSS resultaría imprudente.
“No podemos nosotros presumir que el IMSS tenga capacidad material y financiera para proporcionar estos insumos de forma generalizada sin contar con evidencia técnica de infraestructura, presupuesto y recursos”, señaló.
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cehr
