El gobierno de Estados Unidos activó solicitudes de extradición contra presuntos implicados en una red de narcotráfico en Sinaloa, entre ellos el gobernador de la entidad, Rubén Rocha, y colocó el caso en manos del gobierno mexicano.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió los expedientes el 28 de abril a las 18:00 horas y los envió de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR), en medio de un primer diagnóstico que advierte ausencia de pruebas suficientes para sustentar las acusaciones.
Fuentes de la Cancillería confirmaron que los requerimientos se relacionan con acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses contra actores políticos y de seguridad en esa entidad.
¿De qué se le acusa a Rubén Rocha Moya y a los funcionarios señalados por EU?
Desde el primer análisis, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) fijó postura. Tras revisar la documentación conforme al Tratado de Extradición bilateral y la Ley de Extradición Internacional, concluyó que los expedientes “no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas” incluidas en las solicitudes. Esa valoración no frena el trámite, pero marca el punto de partida de la evaluación legal.
En ese contexto, la dependencia precisó que corresponde a la FGR realizar el estudio de fondo. El Ministerio Público federal deberá establecer “si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano y la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición”, paso clave para definir si los señalados enfrentan un proceso en México o quedan sujetos a una eventual entrega a Estados Unidos.
La ruta legal contempla filtros estrictos. Cada petición de extradición requiere evidencia suficiente que acredite la probable responsabilidad, además de cumplir con los estándares del marco jurídico nacional y los compromisos internacionales. Sin ese sustento, las solicitudes no avanzan hacia la fase judicial.
A la par del análisis técnico, la Cancillería abrió un reclamo diplomático. La SRE anunció que enviará un extrañamiento a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que se difundió la información y recordó que los tratados vigentes establecen reglas de confidencialidad. La dependencia consideró que la divulgación pública en esta etapa contraviene esos acuerdos.
FGR
