El Gobierno de los Estados Unidos ha formalizado acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve altos mandos de su administración y cuerpos policiales.
El documento judicial sostiene que los señalados abusaron de su autoridad para operar como un brazo protector de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
Según el Departamento de Justicia, los acusados facilitaron información sensible del ejército, protegieron cargamentos de droga y permitieron actos de violencia sin consecuencias, recibiendo a cambio millones de dólares en sobornos.
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Perfil de los acusados y cargos específicos
A continuación, se detalla la función de cada señalado y los delitos por los que podrían enfrentar desde 40 años de prisión hasta cadena perpetua:
Rubén Rocha Moya: Gobernador de Sinaloa
Se le acusa de conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. El documento refiere que “Los Chapitos” habrían ayudado a su elección mediante el secuestro e intimidación de rivales, y lo señala por participar en reuniones directas con líderes del cártel.
Enrique Inzunza Cázarez: Senador y exsecretario de Gobierno
Acusado de conspiración para la importación de narcóticos y posesión de armas de alto poder. Se le vincula con la red de protección institucional que permitía la operatividad de la organización criminal en la entidad.
Enrique Díaz Vega: Exsecretario de Administración y Finanzas
Enfrenta cargos por conspiración para el tráfico de drogas y posesión de dispositivos destructivos. Se le señala por su presunto papel en la estructura financiera y administrativa que facilitaba la corrupción sistémica.
Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal General de Sinaloa
Se le acusa de usar su cargo en la Fiscalía para proteger a los líderes del cártel de investigaciones y detenciones, además de los cargos generales por conspiración de narcóticos y armas.
Marco Antonio Almanza Avilés: Comisario General de la Policía de Investigación
Señalado por conspiración para importar drogas y posesión de armamento pesado. Su función habría sido evitar que la policía bajo su mando interfiriera con las actividades de “Los Chapitos”.
Alberto Jorge Contreras Núñez: Excomisario de la Policía de Investigación
Alias “Cholo”. Se le imputan los mismos cargos de conspiración de narcóticos y armas; se le identifica como una pieza clave en la coordinación entre las fuerzas del orden y los traficantes.
Gerardo Mérida Sánchez: Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
Acusado de conspiración para la importación de narcóticos y posesión de ametralladoras. Como titular de seguridad, habría ordenado la protección de cargamentos de droga en tránsito hacia la frontera.
José Dionisio Hipólito: Comandante de la Policía Estatal Preventiva
Alias “Tornado”. Acusado de conspiración para el tráfico de drogas y armas. Se le señala por dirigir operativamente a las fuerzas estatales para custodiar los intereses del cártel.
Juan de Dios Gámez Mendívil: Alcalde de Culiacán
El edil de la capital sinaloense enfrenta cargos por conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de fuego de uso exclusivo, vinculándolo directamente con la facción liderada por los hijos de “El Chapo”.
Juan Valenzuela Millán: Comandante de la Policía Municipal de Culiacán
Alias “Juanito”. Es el funcionario con las acusaciones más graves: además de los cargos por drogas y armas, se le acusa de secuestro con resultado de muerte en el caso de Alexander Meza León, quien presuntamente colaboraba con la DEA.
La gravedad de la acusación
El gobierno estadounidense sostiene que esta “conspiración corrupta” no solo permitió el flujo masivo de estupefacientes, causante de una crisis de salud pública en EE. UU., sino que también entregó el control de las fuerzas locales al crimen organizado.
De ser capturados o entregados a la justicia estadounidense, la mayoría de estos funcionarios enfrentan una sentencia mínima de cuatro décadas tras las rejas.
