La Embajada de Estados Unidos en México fijó postura tras la acusación penal presentada en el Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador Rubén Rocha y otros implicados, al subrayar que la lucha contra la corrupción y el crimen organizado constituye una prioridad bilateral entre ambos países.
Desde la sede diplomática en Ciudad de México, el embajador Ronald Johnson destacó que la exigencia de justicia responde a una demanda social compartida. “Esto es lo que nuestros ciudadanos en ambos lados de la frontera quieren y, como lo he señalado en reiteradas ocasiones, es lo que merecen”, afirmó.
En el posicionamiento oficial, Washington dejó claro el alcance de su actuación al señalar que cualquier conducta ilícita ligada a redes criminales podrá investigarse y llevarse ante tribunales si cae dentro de su marco legal. El embajador Johnson advirtió que, en esos casos, la autoridad estadounidense procederá sin excepciones, al sostener que la corrupción que favorece a organizaciones delictivas “será investigada y procesada” siempre que exista jurisdicción de su país.
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La representación estadounidense evitó entrar en detalles sobre el contenido específico de las imputaciones. La declaración insistió en que el proceso judicial debe avanzar conforme a la ley, sin interferencias externas, bajo los principios del Estado de derecho.
A la par, la embajada reiteró su disposición a mantener coordinación con autoridades mexicanas en materia de seguridad. El mensaje subraya compromisos en transparencia, aplicación de leyes anticorrupción y fortalecimiento institucional como ejes de la relación bilateral.
El gobierno estadounidense reafirmó que la cooperación con México se sostendrá sobre “la confianza mutua, la responsabilidad compartida y el Estado de derecho”, en un contexto donde la seguridad regional y el combate a estructuras delictivas mantienen alta prioridad en la agenda común.
FGR
