Con una trayectoria de más de 25 años en la procuración de justicia, Dámaso Castro Saavedra, el actual Vicefiscal General del Estado ha pasado de ser un aspirante a Fiscal General a ser un objetivo prioritario de la justicia estadounidense por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Castro Saavedra es egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), institución donde también cursó una maestría en Ciencias Jurídico-Penales.
Su trayectoria inició desde los niveles básicos, cuando en 1998 ingresó como agente auxiliar del Ministerio Público. Entre los años 2000 y 2015, ocupó la titularidad de diversas agencias en Culiacán y Navolato, donde se especializó en delitos patrimoniales y flagrancia.
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Su ascenso ocurrió con la llegada del sistema penal acusatorio, se volvió una figura fundamental para la transición de la institución, lo que finalmente lo impulsó hasta la Vicefiscalía General del Estado.
Su relevancia política aumentó tras la renuncia de la fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada en 2024, quedando él como encargado del despacho de la Fiscalía y formando parte de la terna final para encabezar la dependencia.
¿De qué se le acusa a Dámaso Castro Saavedra?
La acusación presentada en una corte federal de Nueva York sostiene una grave acusación, Castro Saavedra presuntamente operaba como un infiltrado de “Los Chapitos” dentro de la Fiscalía.
Según el Departamento de Justicia, el Vicefiscal recibía aproximadamente 11 mil dólares mensuales, unos 200 mil pesos mexicanos, de la facción liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
A cambio de estos pagos, presuntamente realizaba diversas acciones para favorecer a la organización, tales como brindar protección contra arrestos para evitar que sus integrantes clave fueran capturados por las autoridades locales.
Asimismo, se le señala de ser el encargado de la filtración de información, alertando al cártel sobre operativos y estrategias de seguridad respaldadas por agencias estadounidenses.
Cargos y posibles penas
La justicia estadounidense imputa a Dámaso Castro Saavedra tres cargos graves:
- Conspiración para importar narcóticos.
- Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
- Conspiración para poseer dicho armamento.
De ser capturado y hallado culpable, el funcionario enfrentaría una sentencia mínima obligatoria de 40 años de prisión, con la posibilidad de cadena perpetua.
Aunque la acusación es formal, el Departamento de Justicia subraya que el señalado conserva su presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en un juicio.
