El Partido Acción Nacional (PAN) pidió al Senado revisar la desaparición de poderes en Sinaloa como un mecanismo constitucional para restablecer el orden ante situaciones extraordinarias, en relación a las acusaciones formales de autoridades de Estados Unidos contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios por presuntos delitos vinculados al narcotráfico.
La dirigencia del blanquiazul sostuvo que el caso abrió una crisis institucional y exigió medidas adicionales al permiso de retiro solicitado por el mandatario estatal.
- El Dato: Panistas exigieron el sábado que se emita una alerta migratoria a Rubén Rocha y Juan de Dios Gámez, gobernador y edil de Culiacán con licencia, para evitar que “se fuguen”.
Jorge Romero Herrera, dirigente nacional panista, afirmó que los señalamientos del gobierno estadounidense colocan el debate más allá del ámbito local, debido a la posible intervención del crimen organizado en la elección de 2021.
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“Es lamentable que investigaciones de esta magnitud provengan de otro país antes que de nuestras propias autoridades. Esto cambia completamente la dimensión del problema. Ya no hablamos sólo de corrupción, sino de la posible distorsión de un proceso democrático mediante la participación de grupos criminales”, expresó.
Acción Nacional planteó que la Cámara alta analice de inmediato si procede el mecanismo constitucional previsto para situaciones extraordinarias. De acuerdo con Romero Herrera, el punto más delicado del expediente radica en el presunto impacto de grupos delictivos en el proceso que llevó a Rocha Moya al gobierno sinaloense.
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Para la dirigencia, la separación temporal del cargo no resuelve la crisis ni modifica la inseguridad: “Que el gobernador Rocha haya pedido licencia no resuelve el problema, en tanto no se tomen medidas contundentes para combatir la delincuencia y el crimen organizado”.
La postura del PAN también incluyó un reclamo sobre el papel de las instituciones mexicanas frente a investigaciones iniciadas fuera del país. El dirigente sostuvo que las familias sinaloenses requieren mejores condiciones de seguridad y un gobierno local sin sospechas de vínculos con organizaciones criminales.
El llamado no sólo quedó en el Senado. La diputada federal Paulina Rubio Fernández solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el congelamiento inmediato de las cuentas bancarias de Rocha Moya y de los otros políticos de Morena señalados por las autoridades estadounidenses por presuntos nexos con el crimen organizado.
En un posicionamiento, la panista afirmó que el Gobierno federal cuenta con facultades para actuar contra posibles fuentes de financiamiento ilícito y consideró que: “Se debe desmantelar el narcoestado de Morena y, por ello, es necesario cortar de tajo sus fuentes de financiamiento”.
La legisladora pidió que la medida ocurra antes de que concluya el plazo relacionado con procesos de extradición, para evitar movimientos patrimoniales: “Que la acción sea inmediata, antes de los 60 días de extradición, para evitar que traten de lavar el dinero o esconderlo con familiares no señalados”.
Rubio Fernández advirtió que la falta de una acción financiera preventiva permitiría a los imputados mover recursos y mantener redes de apoyo político o económico. También llamó a la Presidenta Claudia Sheinbaum a actuar frente a las acusaciones contra funcionarios y perfiles de Morena.
Desde otra línea de crítica, la diputada federal Noemi Luna Ayala vinculó el caso con el escenario político rumbo a 2027.
En redes sociales, cuestionó a gobernadores emanados de Morena y mencionó a Marina del Pilar Ávila, Layda Sansores, Rubén Rocha Moya y David Monreal.
“La competencia por el peor gobernador de Morena está reñida y, aun así, el de mi estado gana”, escribió Luna Ayala en referencia al mandatario de Zacatecas.
La legisladora panista también añadió que su partido buscará recuperar el gobierno estatal en los próximos comicios: “Pobre Zacatecas… pero en 2027 lo vamos a rescatar. ¡Sí hay de otra!”.
