El Instituto Nacional Electoral (INE) ha puesto sobre la mesa una propuesta clave para la viabilidad financiera y operativa de la democracia en México, postergar la segunda etapa de la elección de jueces, magistrados y ministros hasta el año 2028.
Tras una reunión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, explicó que realizar las elecciones judiciales en conjunto con las elecciones federales y locales de junio de 2027 representaría un reto logístico sin precedentes y un costo significativamente mayor para el erario.
Un ahorro de 2 mil millones de pesos
De acuerdo con el análisis técnico entregado al diputado Ricardo Monreal, el costo de la elección judicial se reduciría drásticamente si se separa del proceso concurrente de 2027.
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Existen dos escenarios financieros para la organización de la jornada judicial. En el Escenario 2027, si las elecciones judiciales se realizan junto con las intermedias, el costo de la jornada judicial sería de 8 mil 500 millones de pesos.
Sin embargo, en el Escenario 2028, al celebrar este proceso al año siguiente, el presupuesto bajaría a 6 mil millones de pesos, lo que generaría un ahorro neto de 2 mil millones.
Independientemente de esta decisión, el costo total proyectado para 2027, que incluye las elecciones intermedias, asciende a los 21 mil millones de pesos.
Más allá del dinero, el INE identificó complejidades normativas y tecnológicas que pondrían en riesgo la eficiencia del proceso. Si se mantuviera la fecha actual, el Instituto tendría que gestionar:
- La impresión de 985 millones de boletas.
- La instalación de 750 mil casillas.
- La contratación de 12 mil capacitadores y asistentes adicionales.
Ricardo Monreal, recibió positivamente la petición unánime de los consejeros. Sin embargo, advirtió que el tiempo apremia, para modificar la fecha establecida en la reforma al Poder Judicial, se requiere una reforma constitucional que debe ser aprobada por el Congreso y las legislaturas estatales antes del 3 de junio.
“Es una petición que busca no contaminar el proceso federal con el judicial”, señaló Monreal, quien adelantó que sostendrá reuniones con la Consejería Jurídica de la Presidencia para definir si se procede con el ajuste al calendario electoral antes de que venza el plazo legal.
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