La Operación Enjambre abrió una ventana al mapa político y criminal de un estado donde, según análisis territoriales recientes, al menos 11 organizaciones disputan municipios, corredores urbanos y redes locales de protección. El golpe contra alcaldes y exfuncionarios de Cuautla, Atlatlahucan y Yecapixtla colocó el caso en una dimensión mayor, la de la infiltración municipal como forma de control territorial.
Víctor Manuel Sánchez Valdés, especialista en seguridad pública, situó el operativo dentro de una lectura territorial más amplia. Para el experto, Morelos exhibe una distribución criminal atomizada. En el estado conviven cárteles nacionales, organizaciones regionales y células locales, sin un dominio único sobre el territorio, lo que ayuda a explicar la disputa simultánea por alcaldías, corredores urbanos y zonas de influencia.
En los mapas elaborados por Sánchez Valdés aparecen el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana, Guerreros Unidos y el Cártel de Sinaloa-La Mayiza como las principales estructuras con presencia territorial. También figuran grupos menores: La Unión Tepito, Los Tlacos, Los Linos, Los Mayas, La Empresa, Los Aparicio y Los Rojos.
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La Familia Michoacana aparece con presencia en 22 municipios; el CJNG, en 21; Guerreros Unidos, en 19, y el Cártel de Sinaloa-La Mayiza, en 17. Detrás de esos cuatro bloques, otras siete estructuras ocupan zonas específicas y completan una red de presiones sobre cabeceras, corredores y gobiernos locales.
Cuernavaca concentra el dato más grave: el análisis sobre la pugna criminal en Morelos ubica 10 de las 11 organizaciones en la capital; con siete a Zacatepec, Temixco, Cuautla, Tlaquiltenango, Yautepec y Jojutla, mientras Puente de Ixtla y Jiutepec aparecen con seis. En 35 de los 36 municipios del estado existe al menos una presencia criminal identificada.
Para Sánchez Valdés, la fragmentación no sólo describe la cantidad de grupos, sino el tipo de violencia que produce. En un texto previo, el investigador advirtió que “la fragmentación de las organizaciones criminales en México” ha sido un factor central en el aumento de homicidios dolosos. Esa lectura ayuda a entender por qué Morelos no aparece bajo una sola hegemonía criminal, sino como un territorio de choques simultáneos.
Morna Macleod, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ha planteado que el caso de esta entidad requiere una mirada regional. En su artículo Dinámicas del crimen organizado en Morelos, sostuvo que “sólo se puede entender a profundidad el actuar del crimen organizado desde una perspectiva regional” y vinculó violencia, impunidad, corrupción, colusión institucional y partidos políticos con formas de delincuencia cotidiana contra la población, como son la extorsión o el cobro de piso.
Ricardo Salazar Ortega, especialista en seguridad, advierte que la Operación Enjambre rebasa el golpe contra alcaldes y exfuncionarios. El caso, señala, abre una prueba mayor para las autoridades: la de desmontar los pactos de protección que permitieron al crimen organizado instalarse en gobiernos municipales.
Bajo esa lectura, los mapas de Morelos no son sólo una referencia territorial, sino la radiografía de una disputa que cruzó alcaldías, campañas, tesorerías, jefaturas locales y corredores bajo control criminal.
Para el experto, Morelos refleja el punto en el que la violencia dejó de depender sólo de sicarios y células armadas. La disputa también pasó por oficinas municipales, nóminas, permisos, patrullas, campañas y pactos de protección. Bajo esa lógica, la Operación Enjambre no sólo golpea a presuntos aliados del crimen; también revela cómo los ayuntamientos se volvieron piezas estratégicas para administrar territorio, dinero e impunidad.
Desafueran a 7 por extorsión
Por Redacción
El Congreso de Chiapas retiró la protección a Blanca Chiu López, alcaldesa de Jiquipilas por Morena, y a seis integrantes del ayuntamiento de Ocozocoautla, tras indagatorias de la Fiscalía estatal por extorsión agravada. Los siete exfuncionarios enfrentarán proceso penal con prisión preventiva.
La Fiscalía detuvo a la edil por exigir a la empresa Avimarca un millón de pesos para establecerse en el municipio. El Congreso nombró con 35 votos a Benérita Vela como presidenta municipal sustituta.
También fueron asegurados la síndica de Ocozocoautla, Elsa Ruiz, y los regidores René Pimentel, Sara Cruz, Amílcar Díaz, Juan Jiménez y Olivia Espinosa por solicitar dinero a la alcaldesa para liberar proyectos.
