La Fiscalía de Estados Unidos pidió fijar la audiencia inicial contra Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, para después del 3 de junio, lo que da una ventana para negociar con el exfuncionario quien se entregó a ese país, acusado por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En un documento difundido a medios, la Fiscalía pide a la jueza principal del caso, Katherine Polk Failla, que se fije una fecha para la audiencia inicial de Mérida Sánchez a partir del 3 de junio y no el 1 de junio como se contemplaba originalmente (los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12, sugiere).
La propuesta cuenta con el objetivo de “facilitar las discusiones previas al juicio entre las partes”.
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Lo anterior confirmaría que Gerardo Mérida busca un acuerdo de culpabilidad con las autoridades de Estados Unidos, tras haberse entregado a las autoridades de ese país.
“El Gobierno escribe respetuosamente para solicitar que se programe una conferencia inicial en el asunto antes titulado. Las partes están disponibles para una conferencia inicial ante Su Señoría los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de junio de 2026…”, se lee en la carta.
“...para facilitar las discusiones previas al juicio entre las partes, el Gobierno solicita respetuosamente que la Corte excluya tiempo bajo la Ley de Juicio Rápido...”, abunda la Fiscalía.
Recordar que Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, se entregó ante autoridades estadounidenses el 11 de mayo, en Arizona, luego de cruzar por la garita de Nogales, Sonora.
La Fiscalía estadounidense recordó que ya había ocurrido una presentación oficial de Mérida Sánchez ante las autoridades de ese país.
“El o alrededor del 15 de mayo de 2026, el acusado compareció ante la Honorable Sarah Netburn para la presentación y lectura de cargos del acta de acusación S9 23 Cr. 180...”, se lee en la carta.
Originalmente, la audiencia de Mérida Sánchez se había propuesto para el 1 de junio, pero, con este documento, se espera obtener más tiempo.
Gerardo Mérida Sánchez se entregó ante autoridades estadounidenses en el marco de las acusaciones que ese país hizo contra éste y otros nueve funcionarios mexicanos en Sinaloa por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
Entre ellos también se incluye el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza, entre otros. Todos ya fueron citados a rendir entrevista ante la Fiscalía General de la República (FGR).
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