Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, explicó los detalles sobre las tres reformas que fueron aprobadas por el Poder Legislativo, y ya publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Durante la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum, explicó los mecanismos relacionados con la reducción de candidaturas y simplificación de boletas para la elección judicial, un filtro voluntario de revisión para aspirantes a cargos públicos y una causal de nulidad por intervención extranjera.
El primer cambio se concentra en la elección del Poder Judicial. De acuerdo con la funcionaria, la reforma busca separar ese proceso de los comicios ordinarios, disminuir el número de personas aspirantes y facilitar que la ciudadanía identifique quién propone cada candidatura, a qué poder corresponde y cuál es su especialidad.
Con ese ajuste, Luisa María Alcalde Luján afirmó que el gobierno pretende corregir dificultades detectadas en el primer ejercicio de voto judicial, sin abandonar el modelo de elección directa. “Falso”, respondió ante las críticas que señalan una rectificación de fondo. La consejera jurídica sostuvo que la reforma “reitera el carácter democrático de elegir al Poder Judicial”.
Para el nuevo proceso, la iniciativa también homologa la metodología y los criterios de evaluación de los comités de los tres poderes. Además, incluye un examen de conocimientos para quienes busquen participar como candidatos a cargos judiciales.
La Consejera Jurídica explicó que las elecciones judiciales y ordinarias deberán celebrarse en la misma ubicación y en la misma casilla, con el fin de facilitar la participación. Los votos, añadió, se contarán en el sitio donde fueron emitidos, sin traslado de boletas a los distritos.
Frente a los cuestionamientos sobre la operación del modelo, la funcionaria insistió en que la intención consiste en hacer más accesible el proceso. También señaló que reducir opciones en la boleta permitirá que las personas conozcan mejor a quienes aspiran a convertirse en juzgadores.
Sobre la verificación de integridad de candidaturas, Alcalde Luján dijo que el objetivo es blindar procesos electorales frente a posibles vínculos de aspirantes con delincuencia organizada o actividades delictivas. El mecanismo partirá de una comisión del Instituto Nacional Electoral integrada por tres consejeros.
Dicha comisión recibirá, de forma voluntaria, los listados totales o parciales que entreguen los partidos políticos. Después, esa información llegará a autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero para su análisis.
Según la explicación oficial, las instituciones sólo advertirán si existe o no un riesgo razonable, sin revelar el asunto que origine la alerta. El resultado llegará al Instituto Nacional Electoral bajo condiciones de confidencialidad y después se notificará al partido correspondiente.
Luisa María Alcalde rechazó que el Instituto Nacional Electoral vaya a actuar como autoridad investigadora o sancionadora. “El INE no investiga, no emite un juicio sobre la integridad de las candidaturas ni resuelve en su registro”, afirmó.
Otra crítica apunta a que el mecanismo no obliga a los partidos a retirar candidaturas ni establece sanciones cuando aparezca un riesgo razonable. La consejera jurídica respondió que esa decisión queda bajo responsabilidad de cada fuerza política, porque imponer consecuencias podría interpretarse como intervención en su vida interna.
En cuanto a la reforma sobre nulidad de elecciones por intervención extranjera incorpora una consecuencia jurídica cuando actos externos influyan en resultados federales o locales. Alcalde Luján aclaró que la prohibición de injerencia ya existía en el artículo 40 constitucional, pero ahora podrá derivar en la anulación de una elección.
Bajo ese esquema, los tribunales electorales tendrán la facultad de determinar si procede la nulidad. La funcionaria sostuvo que la Constitución sólo fijó el principio general y que las leyes secundarias deberán precisar criterios, estándares de prueba y reglas de aplicación.
En ese punto, Alcalde Luján señaló que el Congreso tendrá un plazo no mayor a 90 días para desarrollar la legislación secundaria. “Ahora tocará la discusión sobre las leyes secundarias”, dijo al cerrar su exposición.
Las tres reformas para modificar reglas electorales y judiciales entraron en vigor este miércoles, tras su publicación en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) del martes 2 de junio. La funcionaria explicó que el paquete deriva del periodo extraordinario del Congreso e incluye dos cambios constitucionales propuestos por la mandataria federal y una iniciativa del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
Con mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en el Senado, las dos reformas constitucionales también avanzaron en 25 congresos locales, requisito necesario para completar el proceso legislativo. Alcalde Luján señaló que Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde votaron a favor, mientras que Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano rechazaron las tres iniciativas.
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