El gobierno federal negó una persecución contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y rechazó versiones sobre desabasto de combustible, abandono en Teotihuacán y cambios automáticos en cargos del Tribunal Electoral, durante la sección Detector de mentiras presentada por Miguel Ángel Elorza Vázquez, coordinador de Infodemia.
Desde Palacio Nacional, Elorza Vázquez sostuvo que la Fiscalía General de la República no investiga ni persigue a la mandataria chihuahuense, sino que la citó para conocer su testimonio dentro de la indagatoria sobre la participación de agentes extranjeros en el hallazgo de un laboratorio clandestino en Chihuahua.
Otro desmentido apuntó al caso de Marco Antonio Almanza Avilés, ex titular de la Policía de Investigación de Sinaloa. El gobierno federal negó que el ex funcionario se haya entregado a autoridades de Estados Unidos, como publicaron medios y comunicadores el viernes pasado.

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Pemex también entró al listado de aclaraciones por notas que reportaron problemas de abastecimiento en distintas regiones del país. El gobierno aseguró que la empresa productiva del Estado mantiene el suministro de hidrocarburos con normalidad y cuenta con producto suficiente para atender la demanda.
La sección afirmó que los canales de distribución y la logística de entrega en estaciones de servicio operan bajo esquemas regulares, por lo que rechazó la existencia de un paro o una insuficiencia en la cadena de abasto.
Para el caso de Teotihuacán, el Instituto Nacional de Antropología e Historia negó que el Templo de la Serpiente Emplumada se encuentre en abandono. De acuerdo con la información presentada, el sitio cuenta con una inversión de 30 millones de pesos para fortalecer su infraestructura.
También se rechazaron versiones sobre una supuesta ampliación automática de hasta 17 años para magistrados del Tribunal Electoral. El coordinador de Infodemia sostuvo que la propuesta legislativa no otorga una extensión directa ni vitalicia a los períodos actuales.
Según la explicación presentada en la conferencia, la iniciativa plantea una elección en 2028 para elegir magistraturas electorales, con un periodo definido de cinco años que concluiría en 2033.
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