En menos de dos años, la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum acumula más de 72 toneladas de cocaína asegurada por la Secretaría de Marina (Semar) en operaciones marítimas, un volumen 4.6 veces mayor al que la dependencia registró durante el arranque comparable de Andrés Manuel López Obrador, cuando sumó 15.5 toneladas entre diciembre de 2018 y agosto de 2020.
Las incautaciones por esta vía se dispararon después del reforzamiento de los operativos navales en el Pacífico y el Golfo de México en 2024, así como del incremento en las labores de vigilancia aérea y marítima coordinadas con agencias internacionales para interceptar cargamentos procedentes de Sudamérica.
- El Dato: El centro InSightCrime señaló que el tráfico de la cocaína está fragmentado, con facciones y actores vinculados al CJNG que mantienen relaciones en toda la región.
Hace tan sólo unos días, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, colocó el tráfico marítimo de drogas como uno de los resultados centrales de la cooperación bilateral. En una declaración oficial, el diplomático afirmó que ambos países redujeron en más de 95 por ciento el flujo de narcóticos por mar hacia territorio estadounidense. También atribuyó a esa coordinación una baja de 35 por ciento en las muertes por sobredosis en su país.
Además, vinculó esos datos con la creación del Grupo Bilateral de Implementación (BIG, por sus siglas en inglés), mecanismo que reúne a 15 agencias del Gobierno de Estados Unidos con contrapartes mexicanas para vigilar no sólo la frontera terrestre, sino las rutas marítimas que conectan ambos países, y que son utilizadas para traficar drogas, personas, armas y hasta combustible.
Pero el aseguramiento de cocaína —o de drogas en general— no es el único factor de la seguridad en aguas nacionales, la frontera marítima de México y sus 11 mil 122 kilómetros de litoral continental y más de tres millones de kilómetros cuadrados de zonas de mar colocan al país ante una agenda que cruza defensa, ambiente y economía. La disputa ya no ocurre sólo en tierra; también atraviesa rutas marítimas y embarcaciones que navegan entre la economía legal y los mercados ilícitos.
- El Tip: El precio de la cocaína varía según el país donde se compre, la pureza y la cantidad. A nivel global, el costo de un gramo al por menor oscila entre los cuatro y los 300 dólares.
La presión criminal convirtió esa frontera azul en un espacio de vigilancia permanente. Durante este año, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) han reportado decomisos de presunta cocaína en aguas del Pacífico. En uno de los casos, las autoridades siguieron una embarcación desde 361 millas náuticas antes de asegurar 26 bultos con droga.
También la pesca ilegal opera como amenaza económica, ambiental y de gobernabilidad. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Alimentación y la Agricultura estimó que cada año entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado se capturan mediante actividades ilegales, no declaradas o no reglamentadas, con pérdidas globales de 10 mil a 23 mil millones de dólares. En México, Conapesca y Marina retuvieron mil 948 toneladas de productos pesqueros ilegales durante los primeros cinco meses de 2025, además de decomisar cuatro mil 498 redes no permitidas.
Aunque el problema suele verse como una falta administrativa, los organismos internacionales lo vinculan con delitos más amplios. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advirtió que el crimen marítimo incluye pesca ilegal, tráfico de drogas, contrabando, trata, lavado de dinero y fraude documental. En la práctica, una embarcación puede capturar especies fuera de norma, mover combustible, transportar cargamentos ilícitos o evadir controles de puerto. Esa mezcla obliga a coordinar autoridades pesqueras, ambientales, navales, aduaneras y judiciales.
Puertos como Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira, Ensenada, Salina Cruz y Coatzacoalcos concentran otra parte de la agenda. La modernización del sistema portuario aumenta la relevancia económica del país, pero también eleva la necesidad de inspección, trazabilidad y control de cargas. La Semar conduce la política portuaria federal y participa en 18 administraciones del Sistema Portuario Nacional, además de las tres vinculadas al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Con esa presión, la seguridad marítima dejó de limitarse a patrullajes navales. El nuevo programa pesquero federal plantea vigilancia satelital de embarcaciones, zonas de operación especiales, trazabilidad para comprobar la procedencia legal de productos y coordinación estrecha entre Conapesca, Marina, Medio Ambiente y Profepa. El plan estratégico de seguridad nacional reconoce limitaciones operativas y apuesta por la inteligencia. La línea base de 2025 registra 19 mil 435 actos de inspección y vigilancia, con una meta de cumplimiento legal de 92 por ciento hacia 2030.
Frente a esta realidad, las comunidades costeras quedan en medio de dos riesgos. Por un lado, la pesca ilegal reduce capturas, degrada ecosistemas y castiga a productores que sí cumplen vedas, permisos y normas. Por otro, la presencia de redes criminales puede alterar mercados locales, encarecer insumos, controlar rutas o imponer condiciones a quienes viven del mar. El impacto no se mide sólo en toneladas aseguradas; también aparece en ingresos frágiles, permisos rezagados y desconfianza.
A la amenaza criminal se suma una dimensión ambiental con efectos de seguridad pública. Derrames de hidrocarburos, tormentas más intensas, sargazo, pérdida de manglares, deterioro de arrecifes y contaminación plástica afectan puertos, turismo, pesca y protección civil. La costa funciona como primera línea y base de subsistencia para miles de familias. Cuando un ecosistema pierde recuperación, también se debilitan las economías locales.
Dentro de la estrategia de seguridad nacional, esta frontera concentra una parte estratégica del futuro del país. Según el documento oficial del plan de seguridad, los océanos son caminos por los que viajan alimentos, combustibles, mercancías, turistas, especies protegidas y cargamentos ilegales. También ahí se juega la capacidad del Estado para proteger ecosistemas, sostener economías costeras y cerrar paso a redes criminales que usan el océano como ruta.
EU, tras la pista de El Jardinero por una década
Por Elizabeth Hernández
Estados Unidos ya seguía la pista de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, desde hace casi una década. De acuerdo con la acusación federal en su contra, autoridades e informantes documentaron durante años las actividades del presunto mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a quien Washington señala por coordinar envíos de cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense y por trasladar ganancias ilícitas de regreso a México.
La vigilancia arrancó, al menos, en 2016, según la acusación federal integrada en el Distrito de Columbia. Los reportes no sólo apuntaron al nombre del presunto operador criminal. También incluyeron placas de tractocamiones, cruces por la frontera norte y movimientos de dinero ligados al tráfico de drogas.
En las rutas investigadas por autoridades estadounidenses se encuentran varios caminos entre Tamaulipas y Texas. El expediente menciona movimientos por Nuevo Laredo, Reynosa, Laredo y McAllen, antes de que la droga llegara a otros puntos de Estados Unidos, entre ellos Texas, Illinois, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur.
La lista de vigilancia se amplía hasta Chicago, ciudad que aparece como un centro para concentrar ganancias en efectivo, dato que amplía el caso más allá del traslado de narcóticos y coloca el rastreo del dinero como parte central de la pesquisa federal de Estados Unidos.
Ese seguimiento se confirmó con dos importantes decomisos de cocaína registrados en 2017. El primero ocurrió el 6 de enero en McAllen, Texas, donde autoridades estadounidenses localizaron cerca de 45 kilos en un vehículo pesado que había cruzado desde México. El segundo caso se registró el 13 de octubre en Laredo, con otros 40 kilos ocultos en una unidad similar.
Un testigo cooperante sostuvo ante los investigadores que los tractocamiones servían para transportar grandes cargamentos de droga con destino a Estados Unidos y efectivo obtenido por la venta de esas sustancias. La frase resume el centro de la pesquisa. No se trataba sólo de ubicar paquetes, sino de reconstruir una ruta de ida y vuelta entre narcóticos y dinero.
A partir de esos datos, el expediente colocó a Flores Silva dentro de una red con capacidad para mover droga desde México y canalizar recursos hacia la estructura del CJNG. La acusación, presentada originalmente en agosto de 2020, señaló al Jardinero como parte de una conspiración para fabricar y distribuir drogas sintéticas con destino al mercado estadounidense.
Para mayo de este año el Departamento de Justicia endureció el caso. Un gran jurado federal amplió los cargos contra “El Jardinero” y agregó señalamientos por tráfico de metanfetamina, uso de arma de fuego durante un delito de narcotráfico y conspiración para lavar dinero. La imputación mantiene como eje el paso de drogas hacia Estados Unidos y el retorno de utilidades a México.
“Audias Flores Silva está acusado de traficar enormes cantidades de cocaína, heroína y metanfetamina hacia nuestro país y canalizar las ganancias de regreso a México”, declaró A. Tysen Duva, fiscal adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Con esa actualización, la causa penal dejó atrás el marco inicial de cocaína y heroína. Si un tribunal lo declara culpable, Flores Silva enfrentaría un mínimo de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.
Washington ya había señalado a “El Jardinero” desde 2021. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de narcotraficantes significativos bajo la Ley Kingpin y lo describió como comandante regional del CJNG con control sobre zonas de la costa del Pacífico, entre ellas Nayarit.
El lugar donde las autoridades detuvieron a “El Jardinero” también formaba parte del expediente desde hace años. De acuerdo con un testigo citado por la justicia estadounidense, Flores Silva habría comprado terrenos en El Trapiche, localidad de La Yesca, Nayarit, desde 2007 para sembrar amapola y producir heroína. La acusación añade que el declarante observó cultivos en la zona catorce años después.
Para enero del año pasado, las autoridades ya habían detectado visitas frecuentes de Flores Silva a ese punto, con lo que iniciaron las tareas de seguimiento. Meses después, el presunto mando del CJNG cayó en el Rancho El Mirador, a unos 15 kilómetros de ese punto.
Quince días después, un nuevo movimiento judicial confirmó que el interés de las autoridades estadounidenses no terminó con la detención en México. El 14 de mayo, el Departamento de Justicia anunció la acusación sustitutiva y atribuyó la investigación a Seguridad Nacional y a la División de Operaciones Especiales de la DEA, con apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales.
Terrance Cole, administrador de la DEA, afirmó que “El Jardinero creyó que asumiría el control” del CJNG y agradeció a la Secretaría de Marina por la captura en México. La declaración ubicó el caso dentro de la ofensiva estadounidense contra los mandos de cárteles mexicanos, pero el expediente deberá avanzar en tribunales antes de cualquier condena.
Atribuye zarina avances antinarco a la cooperación
