La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) estableció medidas obligatorias para la construcción y futura operación de una planta de amoníaco ubicada en Topolobampo, Sinaloa. La empresa estará sujeta a vigilancia federal permanente con el fin de proteger el agua, el aire, los manglares, la fauna silvestre y las comunidades de la Bahía de Ohuira.
El resolutivo SRA/DGIRA/DG-05042-22, con fecha del 19 de septiembre de 2022, fija las condicionantes ambientales que debe cumplir el proyecto. La dependencia federal señaló que esas reglas buscan prevenir, mitigar y atender posibles impactos en una zona con alto valor ecológico.
“La Semarnat informa que mantiene una vigilancia permanente sobre la construcción y futura operación de la planta de amoníaco en Topolobampo, Sinaloa, con el propósito de asegurar la protección del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas de la Bahía de Ohuira y el bienestar de las comunidades locales”, se expresó en un comunicado.
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A la empresa le corresponde presentar un “Plan de Manejo Ambiental” con programas de monitoreo, mitigación, rescate, conservación y restauración. También debe ejecutar acciones de prevención de accidentes, atención ante contingencias y supervisión técnica en campo.
Dentro de las obligaciones aparece la designación de un “Supervisor Ambiental autónomo e independiente”, con experiencia técnica, para revisar el cumplimiento de las medidas. La autorización prohíbe actividades como quema, poda de vegetación, depósito de materiales y afectaciones a fauna local.
También habrá monitoreo sobre aguas residuales, emisiones a la atmósfera y contaminación terrestre. En el caso del manglar, la Semarnat exigió acciones para conservar el flujo natural del agua, evitar descargas de desechos, reforestar áreas y revisar el estado del ecosistema.
Como parte del plan, la dependencia prevé la restauración y conservación de aproximadamente 126 hectáreas de manglar, además de revisión continua de fauna acuática, suelo, agua y calidad del aire.
La Semarnat planteó atender la “deuda ambiental histórica con la Bahía de Ohuira” mediante vigilancia, seguimiento y evaluación del proyecto, con el objetivo de que la actividad productiva cumpla las condicionantes ambientales establecidas.
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