El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, llamó a fortalecer el combate al contrabando, desvío y robo de hidrocarburos mediante reformas legales, el uso de nuevas herramientas de trazabilidad y una mayor cooperación regional, al advertir que estas actividades se han convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado y representan un severo daño para las finanzas públicas.
“Si no se frenan estas redes, el país seguirá perdiendo recursos esenciales para el desarrollo; si se enfrentan con decisión, México podrá fortalecer sus finanzas, su legalidad y su capacidad de crecimiento con bienestar”, dijo.
El legislador afirmó que la iniciativa Stop Fueling Cartel Violence Act, presentada el 14 de mayo de 2026 en el Senado de Estados Unidos por John Cornyn y Jacky Rosen, confirma que el robo de combustibles ha dejado de ser un problema exclusivamente nacional para convertirse en una amenaza regional que requiere respuestas coordinadas entre ambos países.
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Ramírez Cuéllar sostuvo que el contrabando de hidrocarburos debilita a Petróleos Mexicanos (Pemex), reduce la recaudación fiscal y fortalece a organizaciones criminales que operan mediante redes de corrupción, empresas fachada y mecanismos de lavado de dinero.
El diputado destacó que, de acuerdo con estimaciones de Pemex, durante 2024 fueron robados cerca de 987 millones de litros de combustible, casi tres veces más que en 2019, lo que refleja la expansión de una economía ilícita que, dijo, ya no puede considerarse un fenómeno marginal.
Añadió que el documento presentado en el Congreso estadounidense advierte pérdidas por miles de millones de dólares para el Gobierno de México y una afectación diaria cercana a 24 millones de dólares en ingresos tributarios potenciales. Además, señaló que entre 16 y 27 por ciento del consumo anual de combustibles en el país podría provenir de fuentes ilegales.
Entre las acciones contempladas en la iniciativa estadounidense se encuentran el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas de seguridad de países aliados, el intercambio de información con agencias civiles de Estados Unidos, la identificación de nodos estratégicos de las redes criminales y otras medidas de cooperación sin recurrir al uso directo de la fuerza militar.
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