El diputado federal por Morena Víctor Hugo Lobo Román presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Revocación de Mandato con el objetivo de subsanar la omisión legislativa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró desde 2022 respecto a la falta de un régimen específico de sanciones para este mecanismo de participación ciudadana.
El legislador, quien también preside la Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados, explicó que el artículo 61 de la legislación vigente únicamente remite a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para determinar las sanciones aplicables; sin embargo, dicha norma no contempla infracciones ni penalidades específicas para los procesos de revocación de mandato.
Ante ello, recordó que la Suprema Corte ordenó al Poder Legislativo corregir esta deficiencia, por lo que su propuesta busca establecer un marco jurídico que permita sancionar las conductas que vulneren las reglas previstas para este ejercicio democrático.
“La iniciativa que estamos presentando únicamente reforma la Ley Federal de Revocación de Mandato, en específico el artículo 61, y propone adicionar los artículos 61 Bis, 61 Ter y 61 Quáter al Capítulo VIII denominado ‘Régimen de Sanciones’”, señaló Lobo Román.
El diputado afirmó que la reforma definirá con claridad quiénes podrán ser sujetos de responsabilidad y cuáles serán las sanciones aplicables, con el propósito de garantizar la operatividad plena del régimen sancionador durante los procesos de revocación de mandato.
Asimismo, detalló que la iniciativa tipifica las conductas infractoras, identifica a los sujetos responsables, establece sanciones específicas, fija criterios para individualizar las penalidades y precisa las atribuciones del Instituto Nacional Electoral para investigar y sancionar las violaciones a la ley.
Entre las conductas que serían consideradas infracciones se encuentran el uso de recursos públicos para la recolección de firmas de apoyo ciudadano; la contratación de propaganda en radio y televisión con el fin de influir en la opinión de la ciudadanía; así como la publicación o difusión de encuestas sobre preferencias ciudadanas durante los tres días previos a la jornada de votación y hasta el cierre de las casillas.
En cuanto a las sanciones, la propuesta contempla desde amonestaciones públicas hasta multas económicas. Para partidos y agrupaciones políticas, las sanciones podrían alcanzar hasta un millón 173 mil pesos, además de la reducción de hasta el 50 por ciento de las ministraciones de financiamiento público que les correspondan.
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