La Fiscalía federal del Distrito Sur de California presentó cargos contra Carlos Paez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, por narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y delitos de tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
Paez Pereda, de 30 años y originario de Laguna Colorada, Sinaloa, aparece en la acusación como presunto lugarteniente de alto rango del Cártel de Sinaloa y líder de “Los Rugrats”, grupo descrito por autoridades estadounidenses como un brazo violento de esa organización.
De acuerdo con documentos judiciales, Paez Pereda habría encabezado una red de producción y distribución de metanfetamina, fentanilo y cocaína para la facción de Ismael “El Mayo” Zambada. La fiscalía sostiene que esa estructura trasladó drogas desde Sinaloa hacia Tijuana, otros municipios cercanos y, después, al sur de California.
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Adam Gordon, fiscal federal del Distrito Sur de California, usó el alias de Paez Pereda para marcar distancia entre el apodo “Carlitos Rugrats” y la gravedad de los cargos. “No se puede capturar a un personaje de dibujos animados. Pero a un narcoterrorista, sí”.
Según el expediente, el acusado habría importado a Estados Unidos decenas de miles de kilogramos de droga durante la última década y lavado cientos de millones de dólares por ganancias ilícitas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro lo designó como narcotraficante relevante en septiembre de 2025.
Además de la ruta de narcóticos, la acusación atribuye a Paez Pereda el uso de asesinatos, secuestros, hombres armados y sicarios para proteger operaciones del Cártel en Sinaloa y Tijuana. El documento también lo vincula con apoyo a la facción de “Los Mayos” durante el conflicto contra “Los Chapitos”, mediante el envío de armas, préstamo de combatientes, logística y dinero.
El Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés) señaló que el caso forma parte de sus esfuerzos contra los grupos más violentos del Cártel de Sinaloa. “Los Rugrats han alimentado una violencia brutal en México que llega a Estados Unidos junto con un flujo implacable de drogas mortales hacia nuestras comunidades”, dijo Mark Remily, agente especial a cargo de esta dependencia en San Diego.
Para la Administración para el Control de Drogas (DEA por siglas en inglés), la acusación describe una organización sustentada en violencia e intimidación. “Durante años, Pereda presuntamente alimentó la crisis de drogas al traficar sustancias mortales hacia Estados Unidos, mientras usaba violencia, intimidación y miedo para proteger su empresa criminal”, afirmó James Nunnallee, agente especial de esta dependencia.
Respecto a las penas, el cargo de narcoterrorismo contempla cadena perpetua como sanción máxima, con una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión y multa de 20 millones de dólares. El apoyo material al terrorismo prevé hasta 20 años de cárcel y multa de 250 mil dólares.
La acusación también incluye empresa criminal continua, acuerdo internacional para distribuir sustancias controladas, importación de droga, distribución de narcóticos y lavado de dinero. Varias imputaciones prevén cadena perpetua, penas mínimas de 10 o 20 años y multas de hasta 10 millones de dólares.
En la investigación participaron el FBI, la DEA, la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, el Departamento de Policía de Chula Vista y el programa de Áreas de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas.
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