La Fiscalía General de la República (FGR), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) firmaron un convenio para desarrollar proyectos académicos, investigaciones jurídicas y programas de capacitación enfocados en mejorar la procuración e impartición de justicia.
El acuerdo establece mecanismos permanentes de intercambio entre las cuatro instancias, sin modificar las atribuciones ni la autonomía constitucional de cada una. La fiscal general Ernestina Godoy Ramos sostuvo que la coordinación permitirá enfrentar problemas como la delincuencia organizada, los delitos financieros, la desaparición de personas, la violencia contra las mujeres y el uso de inteligencia artificial.
“Frente a estos desafíos compartimos la convicción de que las instituciones no se fortalecen aislándose unas de otras, sino cuando dialogan, cuando comparten conocimiento y construyen soluciones desde la cooperación institucional”, declaró durante la ceremonia.
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Godoy Ramos explicó que la independencia de los organismos públicos no impide el trabajo conjunto. A su juicio, ese principio garantiza el ejercicio libre de sus facultades y permite definir con claridad las responsabilidades que corresponden a cada autoridad.
También señaló que el convenio colocará la formación profesional y la investigación jurídica como elementos previos a las decisiones ministeriales o judiciales. “La justicia no comienza en una audiencia; comienza mucho antes, en la formación de quienes sirven al Estado y en el intercambio de buenas prácticas y para servir al pueblo”, afirmó.
Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte, consideró superada la idea de que autonomía significa distancia o confrontación entre autoridades. “Trabajamos para la misma gente, nos debemos al pueblo, trabajamos para la misma nación, para la misma patria, y no hay manera de pensar que somos más autónomos o más independientes, entre más alejados nos encontremos”, expresó.
Desde el Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano aseguró que el alcance del pacto dependerá de los programas que se concreten, la preparación de servidores públicos y los efectos que perciba la ciudadanía. “Refrendamos nuestra disposición para trabajar con seriedad y con resultados verificables en cada uno de los compromisos que asumimos”, indicó.
Jorge Nader Kuri, titular del INACIPE, comprometió la experiencia académica del instituto para convertir los objetivos establecidos en acciones concretas. “Sabemos lo que representa colaborar con el máximo tribunal del país y asumimos esa responsabilidad con seriedad”, puntualizó.
A la firma asistieron también la ministra Lenia Batres Guadarrama, el ministro Irving Espinosa Betanzo, el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz García, y la consejera Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, Eréndira Cruzvillegas Fuentes.
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