La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó en Tulum, Quintana Roo, que exista una persecución política detrás de la investigación y las órdenes de aprehensión relacionadas con el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y aseguró que el caso deriva de una indagatoria iniciada hace aproximadamente un año por una presunta red de contrabando de combustibles, conocida como “huachicol fiscal”.
Durante su conferencia matutina, la mandataria respondió a los señalamientos del expresidente Felipe Calderón, quien expresó su respaldo al exmandatario estatal y acusó una supuesta “justicia selectiva”.
Sheinbaum recordó que en 2017 el propio Calderón publicó mensajes en los que vinculaba a Ruffo con una organización delictiva.
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“Es falso que haya un asunto político. Aquí es derivado de una investigación que tiene un año, un año, en donde se hacen todas las diligencias que tienen que hacerse para poder garantizar ante los jueces que se tienen pruebas suficientes para la emisión de una orden de aprehensión”, afirmó.
La presidenta explicó que la investigación comenzó tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con combustible en Ramos Arizpe, Coahuila, cuyos cargamentos eran declarados como otro tipo de producto para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
“En realidad es contrabando de combustible”, sostuvo al explicar que las pesquisas permitieron identificar a la empresa importadora y a la presunta red de distribución.
Añadió que, de acuerdo con la información presentada por la Fiscalía General de la República, el exgobernador es socio mayoritario de Ingemar S.A. de C.V., empresa bajo investigación.
“La empresa que es la que importa ese combustible. Es socio mayoritario el exgobernador, es así de directa”, señaló, aunque subrayó que Ruffo Appel cuenta con todas las garantías para demostrar su inocencia.
“Si él demuestra que no estaba involucrado en esto, pues actuarán los jueces si tienen que hacerlo de manera imparcial”, expresó.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la indagatoria es resultado de una investigación de más de un año encabezada por la Fiscalía General de la República y confirmó que el jueves fueron cumplimentadas ocho órdenes de aprehensión, aunque aún faltan más por ejecutar.
“Es una investigación que parte de después del aseguramiento de los 33 ferrotanques. Es una investigación de más de un año”, explicó el funcionario.
Agregó que “ayer se cumplimentaron ocho órdenes de aprehensión, faltan otras por cumplimentar”.
García Harfuch señaló que la red investigada es una de las más grandes dedicadas al contrabando de combustibles y operaba mediante la importación de derivados del petróleo desde Estados Unidos, declarando cantidades menores a las reales para reducir el pago de impuestos.
“La red declaraba prácticamente solo el 10 por ciento de la capacidad real del ferrotanque”, indicó.
De acuerdo con la información presentada por el Gobierno de México, la investigación ha identificado a 25 objetivos, entre ellos socios de empresas, operadores, agentes aduanales y personal autorizado de agencias aduanales, con operaciones en Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México.
Sheinbaum rechazó que las acciones judiciales respondan a criterios partidistas.
“No hay ninguna visión de que a los que llegan por un partido no se les investiga y a los que llegan por otro partido sí se les investiga, de ninguna manera”, afirmó.
Agregó que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas otras investigaciones relacionadas con el contrabando de combustibles y que corresponderá al Poder Judicial determinar las responsabilidades de los involucrados.
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