El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra 39 personas y 16 empresas que vinculó con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la mayor acción financiera desplegada por esa dependencia contra la organización. México respondió con el bloqueo de los sujetos señalados, añadió ocho objetivos y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) dirigió las medidas contra integrantes del liderazgo, células dedicadas al tráfico de drogas y redes encargadas de ocultar recursos ilícitos en distintas entidades mexicanas. La dependencia estadounidense señaló que el operativo busca afectar actividades relacionadas con fentanilo, cocaína, robo de combustibles y lavado de dinero.
Uno de los principales objetivos es Juan Carlos González, alias “Pelón”, a quien el Tesoro identificó como nuevo dirigente del CJNG tras la muerte de su padrastro, Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, durante una operación del Gobierno mexicano en febrero de 2026. González tiene nacionalidad mexicana y estadounidense, enfrenta una acusación federal por narcotráfico en Washington y cuenta con una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permita su captura o condena.
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Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirmó que la medida busca cortar las fuentes de financiamiento de la estructura criminal. “El presidente Trump ha dejado claro que los cárteles terroristas serán desmantelados”, declaró, según una traducción al español. “La acción de hoy golpea al liderazgo, a los financiadores y a las redes criminales del Cártel Jalisco Nueva Generación, y le niega los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar comunidades y amenazar vidas estadounidenses”.
Desde febrero del año pasado, Estados Unidos clasifica al CJNG como organización terrorista extranjera y entidad terrorista global especialmente designada. Las sanciones anunciadas este jueves se sustentan en disposiciones que permiten actuar contra redes internacionales de drogas, grupos terroristas y personas que les proporcionen apoyo financiero, material o tecnológico.
México aportó información financiera, fiscal y corporativa a la investigación. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó operaciones en efectivo, compras de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles, transferencias internacionales, uso intensivo de tarjetas y movimientos con activos virtuales.
Además, el análisis encontró posibles diferencias entre los ingresos declarados ante las autoridades fiscales y los recursos registrados dentro del sistema financiero. Algunas compañías presentaron transacciones relevantes, mientras otras mostraron características asociadas con empresas fachada o sociedades sin actividad económica aparente.
Junto con los 55 objetivos designados por Estados Unidos, la UIF incorporó a su lista de Personas Bloqueadas a cuatro individuos y cuatro compañías adicionales relacionadas con la misma estructura. La institución también denunció ante la FGR la posible comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Parte del despliegue se concentró en la red de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, detenido por autoridades mexicanas el 27 de abril de 2026. El Tesoro sostuvo que su organización conserva presencia en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Zacatecas mediante familiares, operadores financieros, jefes regionales y compañías utilizadas para ocultar bienes.
Respecto de esa estructura, Estados Unidos sancionó negocios dedicados a la venta de combustibles, bebidas, ropa, tequila, construcción, agricultura y fabricación de muebles. La relación incluye a Petrocoda, El Almacén Licorería, Stella Servicios Comerciales y Empresariales, Casa Tequilera El Origen del Tequila, Hurrari Kash, Agropecuaria Amateq del Valle y Productores Vagu.
Como otro núcleo, el comunicado ubicó a Gerardo Botello Rozalez, “El Cachas”, dentro de la dirigencia del CJNG. La autoridad estadounidense lo relacionó con el centro de reclutamiento del Rancho Izaguirre, el robo de hidrocarburos y una célula integrada por familiares. También identificó sociedades de calzado infantil, seguridad privada, cultivos, agave y producción de tequila bajo control de ese grupo.
También aparecen Feliciano Ledezma Ramírez, “Chano Limones”, señalado por tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, y Alma Laura Mena Alvarado, vinculada con el desvío de esa sustancia en forma líquida y la extracción ilegal de gasolina. Mena y José Mora León controlan Strong Energy, dedicada a actividades petroleras, así como Transic Logistic, enfocada en servicios de transporte.
El Tesoro también identificó una red profesional de lavado asentada en Zapopan y Guadalajara. Siete operadores habrían recolectado dinero en efectivo procedente de la venta de narcóticos en varias ciudades estadounidenses, trasladado los fondos a México mediante distintos instrumentos financieros y devuelto los recursos a integrantes del cártel. El esquema habría procesado decenas de millones de dólares anuales desde 2023.
Las sanciones congelan los bienes e intereses que los objetivos posean en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos de ese país. La restricción también alcanza a compañías cuya propiedad pertenezca en 50 por ciento o más, de forma directa o indirecta, a una o varias personas bloqueadas.
Instituciones financieras extranjeras podrían enfrentar medidas secundarias cuando faciliten transacciones significativas para los sujetos designados. Las autoridades estadounidenses también prohíben aportar fondos, mercancías o servicios a favor de los señalados, salvo que exista una licencia o excepción aplicable.
Desde abril de 2015, la OFAC ha incluido en sus listas a más de 250 individuos y entidades relacionados con el CJNG. Los casos abarcan operadores de alto nivel, familiares, prestanombres, abogados, contadores, funcionarios, complejos turísticos, centros comerciales, inmobiliarias, restaurantes y compañías agrícolas.
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