La consulta pública abierta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para definir los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias generó reacciones entre activistas y trabajadores de los medios de comunicación.
Para la periodista, activista y catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Elsa Ángeles, la discusión forma parte de una lucha de décadas impulsada por periodistas y defensores de derechos humanos.
“El derecho de las audiencias se ha discutido desde hace muchísimo tiempo. Siempre se ha buscado equilibrar dos derechos fundamentales: la libertad de expresión y el derecho de las personas a recibir información veraz”, explicó.
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En entrevista, recordó que desde hace años diversos colectivos impulsan tres figuras esenciales: la existencia obligatoria de un defensor de las audiencias, códigos de ética para todos los medios de comunicación y un derecho de réplica efectivo que garantice a la ciudadanía responder en las mismas condiciones en las que fue difundida una información que consideren inexacta o agraviante.
Para la periodista, lo más importante es transparentar la relación económica y política entre medios de comunicación y gobiernos: “No habrá futuro para los medios si no rompemos esa relación perversa entre poder político, publicidad oficial e información”.
Consideró que el verdadero desafío está en Internet, donde las redes sociales permitieron el surgimiento de cientos de espacios informativos que operan sin códigos de ética, sin mecanismos de rectificación y sin responsabilidades editoriales.
- El Dato: Los lineamientos establecen que “en ningún caso podrán interpretarse para restringir o limitar el derecho a la información, la libertad de expresión” o la editorial.
“La batalla no va por el lado de la censura; el gran problema son las plataformas digitales y las nuevas reglas del juego. Si un medio no tiene código de ética, no garantiza el derecho de réplica y no cuenta con alguien que medie entre la audiencia y el propio medio, debería replantearse bajo qué reglas puede operar”, advirtió.
Amador Cárdenas, defensor de las audiencias y exintegrante del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), coincidió en que la discusión debe aprovecharse para establecer reglas claras. Comentó que la consulta representa una obligación para especialistas, concesionarios y ciudadanos, pues durante años hicieron falta directrices precisas sobre los derechos de las audiencias.
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Entre lo que destacó de la propuesta figuran la obligación de transmitir información veraz y contextualizada; diferenciar claramente entre noticias y opiniones mediante avisos visibles; hacer obligatorio que los medios cuenten con un código de ética público; garantizar el derecho de réplica y establecer medidas de accesibilidad para personas con discapacidad.
“Son reglas que debieron existir desde hace muchos años y que pueden fortalecer la relación entre los medios y sus audiencias”, precisó.
Para Carlos Puelma, especialista en marketing digital y estrategias SEO, uno de los puntos más relevantes de los lineamientos es obligar a que los contenidos informativos, de análisis y de opinión sean claramente diferenciados.
“Informar consiste en presentar hechos verificables; analizar implica interpretarlos con base en evidencia; opinar supone emitir un juicio personal. Cuando esas categorías se mezclan, las audiencias pueden confundir interpretaciones con hechos”, explicó.
Aseguró que esa práctica editorial existe en numerosos países y forma parte de estándares internacionales de calidad periodística. No obstante, reconoció que las críticas hacia la llamada “Ley Censura” responden al temor de que cualquier regulación sobre contenidos pueda abrir espacios de intervención estatal.
El periodista Alberto Martínez Romero recordó la advertencia de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, sobre el riesgo de que la regulación rebase el ámbito de protección de las audiencias e invada la libertad editorial de los medios.
Sostuvo que cualquier intento de intervenir en los contenidos difundidos por radio y televisión podría vulnerar el artículo 6.° constitucional, al abrir la puerta a mecanismos indirectos de censura y afectar la independencia de la prensa.
Para unos, el debate representa la oportunidad de consolidar derechos reclamados; para otros, será una prueba para demostrar que la regulación puede coexistir con una prensa libre, independiente y crítica. El resultado, dicen los consultados, definirá el equilibrio entre dos principios esenciales de la democracia: el derecho a la información y la libertad de expresión.
Temen se vuelva mecanismo de censura
| Por Claudia Arellano y Tania Gómez |
La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias no deben convertirse en un mecanismo de censura ni limitar la libertad de expresión, luego de que el Gobierno federal presentara este martes el proyecto durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
“Debemos cuidar que, bajo un noble propósito necesario y legítimo, no se caiga en la tentación de convertir estos lineamientos en un mecanismo de censura o de limitación a la libertad de expresión y al derecho a la información”, afirmó.
La legisladora panista recordó que los lineamientos derivan de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada por la Cámara de Diputados el 1 de julio de 2025, así como de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica avalada en noviembre de 2024.
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En conferencia, subrayó que el proceso aún se encuentra en etapa de consulta pública y llamó a la participación de todos los sectores involucrados. Indicó que del 27 de julio al 21 de agosto permanecerá abierto el periodo para que ciudadanos, concesionarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil presenten opiniones y propuestas que contribuyan a fortalecer el documento.
En ese contexto, sostuvo que la protección de los derechos de las audiencias debe garantizarse sin afectar las libertades fundamentales, por lo que insistió en que los lineamientos no deben convertirse en un instrumento de censura ni restringir la libertad de expresión bajo el argumento de proteger el derecho a la información.
Por separado, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, acusó que los nuevos lineamientos representan un nuevo intento del Gobierno de Morena por controlar los contenidos de los medios de comunicación.
En un pronunciamiento, afirmó que, bajo el argumento de garantizar los derechos de las audiencias, la administración federal pretende intervenir en la manera en que se presentan las noticias y determinar qué información puede ser considerada falsa o descontextualizada: “En su afán autoritario, Morena ahora quiere meterse en los contenidos y decidir cómo se presenta una noticia y hasta qué información es considerada ‘falsa’ o ‘descontextualizada’”.
Sostuvo que las nuevas disposiciones podrían utilizarse para ejercer presión sobre los medios de comunicación e incluso derivar en la suspensión precautoria de transmisiones por presuntas violaciones a los derechos de las audiencias.
“Morena trae el autoritarismo en el ADN. Les incomoda la crítica, les estorban los medios independientes y quieren controlar el discurso y la narrativa porque no soportan que alguien contradiga la versión oficial”, expresó el legislador.
Dijo que el marco legal abre la posibilidad de revisar decisiones editoriales, modificar contenidos, monitorear medios y aplicar sanciones a quienes no coincidan con la postura del gobierno, y que el PRI, ha denunciado lo que considera un intento de consolidar un régimen autoritario y advirtió que la denominada “Ley Censura” podría derivar en la suspensión de transmisiones.
