El Gobierno federal redujo casi a la mitad el número de trámites bajo su responsabilidad y estimó en 2.1 billones de pesos la disminución de los costos burocráticos para ciudadanos y empresas. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informó que el catálogo pasó de 3 mil 760 procedimientos a mil 965, después de retirar requisitos y acortar los plazos de respuesta.
La dependencia retiró mil 795 registros y redujo 48 por ciento el universo disponible como resultado de una revisión que alcanzó gestiones dirigidas a ciudadanos, empresas, empleadores, importadores y transportistas.
Con el nuevo esquema, cada solicitud exige en promedio dos documentos, frente a los seis requeridos antes de la modificación. El periodo habitual para obtener una resolución bajó de 45 a 22 días, una diferencia de 23 jornadas que la autoridad incorporó al cálculo sobre cargas burocráticas.
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Uno de los cambios llegó a los consulados, donde los mexicanos adultos solicitan el pasaporte. El expediente ahora requiere formato, identificación oficial y comprobante de pago, en lugar de seis papeles. Además, la oficina emite una respuesta inmediata frente al plazo previo de tres días. El beneficio estimado asciende a 5 mil 513 pesos por usuario.
Para los empleadores, el alta patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) concentró otra parte del recorte. Ese procedimiento también cubre la inscripción en riesgos de trabajo o la reanudación de actividades. Los requisitos disminuyeron de 11 a cuatro y el organismo resuelve al momento.
Antes del rediseño, la carga asociada con esa gestión superaba 3 mil 349 millones de pesos. El cálculo posterior la ubicó en 242 mdp, con una diferencia promedio de 32 mil 889 pesos por persona. Entre los documentos retirados aparecen la Clave Única de Registro de Población, el Registro Federal de Contribuyentes, una identificación y el poder notarial.
Distintas dependencias modificaron autorizaciones para usar denominaciones de origen, inscripciones de centros laborales, certificados de importación sanitaria, incorporación de vehículos a permisos de autotransporte y solicitudes de reducción de multas fiscales o aduaneras.
Según la agencia, la revisión también alcanzó procesos para importadores, transportistas y centros laborales. El propósito oficial consiste en reducir desembolsos indirectos sin alterar las obligaciones legales que sostienen tales servicios.
Otros casos sustituyeron permisos por avisos cuando la regulación abrió esa posibilidad. El alta del libro de control para bancos de sangre y servicios de transfusión figura entre los ejemplos citados por la ATDT, que aseguró que el cambio conserva la certeza jurídica.
La institución indicó que continuará el examen del inventario para identificar nuevas reducciones, retirar exigencias y acortar tiempos. El balance oficial coloca el énfasis en el costo que la burocracia impone fuera de las oficinas públicas, tanto por las horas invertidas como por el dinero destinado a cumplir cada obligación.
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MSL
