La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó la primera audiencia temática dedicada exclusivamente a la violencia vicaria en México, con participación de organizaciones civiles, madres afectadas y representantes del Estado. El encuentro abordó el uso de hijas e hijos para causar daño a las mujeres, la agresión sexual, el riesgo de feminicidio, las fallas judiciales y la protección de niñas, niños y adolescentes.
Organizaciones peticionarias expusieron que, hasta marzo de 2026, habían documentado a más de 5 mil 286 mujeres y cerca de 11 mil 100 menores afectados. Según las cifras presentadas, más del 90 por ciento de las madres vinculadas con una de las agrupaciones enfrentó una denuncia penal, 8 de cada 10 recibió procedimientos promovidos por el agresor, por más de la mitad afrontó acusaciones por violencia familiar, 62 por ciento identificó pruebas simuladas y 71 por ciento reportó actuaciones institucionales perjudiciales.
De forma paralela, las representantes afirmaron que México carece de un registro nacional unificado y cuestionaron el alcance de la reforma federal del 17 de enero de 2024, porque mantiene esta conducta como agravante de un ilícito, sin crear una figura autónoma. “El sistema penal no solo omite proteger a las madres víctimas, sino que opera activamente en su contra”, sostuvieron.
Desinformación y promoción de fórmulas comerciales, debilitan confianza en lactancia materna
Entre las solicitudes planteadas ante la CIDH figuraron la creación de una base pública con información desagregada, la armonización legislativa, el reconocimiento de las infancias como víctimas directas y el establecimiento de medidas uniformes en las entidades federativas. Las agrupaciones también pidieron revisar carpetas de investigación, vinculaciones a proceso, sentencias y casos de mujeres privadas de la libertad tras acusaciones presentadas por sus agresores.
Al fijar la postura del Gobierno mexicano, el embajador Alejandro Encinas Rodríguez, representante permanente del país ante la Organización de los Estados Americanos, aseguró que la delegación acudió con disposición para exponer los avances alcanzados y reconocer los asuntos pendientes. “Hablar de violencia vicaria nos obliga a refrendar los compromisos asumidos como Estado parte de la Convención Belém do Pará y de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”, expresó.
También señaló que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum reforzó la estructura encargada de combatir las agresiones contra este sector mediante la creación de la Secretaría de las Mujeres. Encinas sostuvo que México participó en el encuentro “abierto al escrutinio para identificar los desafíos pendientes en el combate a la violencia de género”.
Previamente, César Villanueva Esquivel, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), reiteró la disposición de colaboración permanente con la CIDH. El funcionario calificó la sesión como un espacio de diálogo constructivo entre autoridades, sobrevivientes y organizaciones peticionarias.
Frente a esos señalamientos, Ingrid Gómez Saracíbar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, informó que la Secretaría de las Mujeres acompañó 117 casos entre octubre de 2024 y julio de 2026. Del total, seis de cada diez recibieron apoyo jurídico, 26 por ciento pasó a otras instancias y 43 por ciento permanece bajo seguimiento activo. La restitución de hijas e hijos, así como los procesos de guarda y custodia, concentran una cuarta parte de los asuntos.
Además, el Gobierno federal presentó una red integrada por 100 abogadas, 101 centros Libre, 85 Centros de Justicia para las Mujeres y 90 refugios especializados. La línea telefónica 079, opción uno, ofrece orientación legal, contención emocional y canalización durante las 24 horas. Las autoridades señalaron que 29 leyes locales de acceso reconocen esta modalidad de agresión.
Por su parte, el Poder Judicial de la Federación reportó 269 juicios de amparo indirecto relacionados con conflictos familiares durante los últimos cinco años. De esa cantidad, 46 corresponden a violencia vicaria, cinco a hechos cometidos mediante interpósita persona y 218 a impugnaciones contra órdenes destinadas a resguardar a las víctimas.
En la misma sesión, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defendió la necesidad de aplicar un régimen diferenciado para mujeres e infancias. El máximo tribunal sostuvo que las autoridades deben recabar la opinión de cada menor, valorar los daños sufridos, identificar sus necesidades y evitar decisiones basadas en estereotipos.
Marion Bethel, relatora sobre los Derechos de las Mujeres, solicitó información acerca de las diferencias legales entre estados, la protección autónoma de menores y las medidas contra demandas maliciosas. La comisionada encargada de Niñez preguntó qué metodología utilizan jueces, fiscalías y organismos especializados para mantener, restringir o suspender convivencias cuando todavía no existe una resolución definitiva.
El Estado mexicano reconoció que aún no existe homologación nacional. “Ahora necesitamos hacer una revisión seria del tipo penal”, expresó Gómez Saracíbar, quien anunció trabajo conjunto con víctimas, fiscalías y órganos jurisdiccionales para desarrollar lineamientos ministeriales, periciales y policiales.
Como parte de esa respuesta, la subsecretaria afirmó que el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias contra las Mujeres contempla la armonización de las disposiciones estatales, el fortalecimiento de las investigaciones y la elaboración de protocolos especializados. La funcionaria añadió que las mesas deberán incluir a sobrevivientes, tribunales y fiscalías.
Desde el Poder Judicial, la representación mexicana expuso que prepara la primera sala federal especializada para la participación de infancias. El modelo contempla espacios adaptados, asistencia de personal capacitado, narración libre, preguntas sometidas a filtros legales y psicológicos, además de la comunicación de las resoluciones mediante lenguaje accesible.
México aceptó entregar por escrito información sobre carpetas, vinculaciones, sentencias, mujeres procesadas y medidas de atención a menores. Las autoridades admitieron la necesidad de armonizar la legislación, después de que la Suprema Corte reconoció que el sistema judicial puede utilizarse como mecanismo para ejercer violencia vicaria.
Con el cierre de la audiencia, la CIDH pidió a ambas partes remitir respuestas y documentación por escrito. La Comisión también tomó nota de las peticiones para emitir un pronunciamiento, desarrollar estándares regionales e incorporar este fenómeno en sus mecanismos de evaluación sobre México.
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