Más de 350 adolescentes quedaron atrapados en un circuito entre México y Estados Unidos que permite al crimen organizado utilizarlos para guiar cruces fronterizos, de acuerdo con casos expuestos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La problemática alcanzó a menores detectados en Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Tras su retorno desde EU, parte de ellos fueron enviados a tres entidades del sur del país, sin una evaluación suficiente sobre los riesgos que enfrentaban ni seguimiento posterior.
- El Dato: UN informe de Plan International México y el PDH Ibero advierte que muchas infancias migrantes viven hoy una espera prolongada o un asentamiento de facto.
Durante el encuentro “México: Impactos del crimen organizado en los derechos de niñas, niños y adolescentes en movilidad humana”, en el que participaron representantes del Estado y 21 organizaciones, denunciaron que a través de este esquema, grupos delictivos captan a jóvenes para conducir a personas hasta EU.
Cuando las autoridades migratorias los interceptan, reciben trato como menores no acompañados y regresan a México, donde las estructuras pueden incorporarlos otra vez a las operaciones fronterizas.
Organizaciones civiles señalaron que la repatriación no rompe el vínculo con quienes los reclutaron. La ausencia de diagnósticos individualizados, medidas de protección y vigilancia institucional abre la puerta para que vuelvan a las zonas donde operan traficantes de personas.
Como parte de las fallas expuestas, advirtieron sobre la falta de coordinación entre autoridades fronterizas, los sistemas de protección infantil y las instituciones responsables de recibir a los adolescentes.
Durante 2025, EU repatrió a México a siete mil 997 personas de entre cero y 17 años, 80.9 por ciento correspondió a hombres, mientras cuatro de cada cinco tenían entre 12 y 17 años. Además, 68.5 por ciento viajaba sin compañía, de acuerdo con datos recopilados por la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
Frente a este escenario, las organizaciones pidieron reconocer a los jóvenes vinculados con esas redes como víctimas de explotación criminal, aplicar evaluaciones de riesgo antes de autorizar cualquier traslado y establecer mecanismos de seguimiento después de cada repatriación.
La delegación del Estado mexicano respondió que el país cuenta con un marco de protección para la niñez en movilidad y sostuvo que las autoridades deben determinar el interés superior de cada menor antes de resolver su retorno, traslado o reunificación familiar.
México también señaló que niñas, niños y adolescentes migrantes no deben permanecer en estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), sino bajo resguardo de organismos de asistencia. La representación oficial reconoció los riesgos asociados con el crimen organizado, aunque defendió la existencia de mecanismos de coordinación entre dependencias federales, gobiernos estatales y autoridades estadounidenses para atender las repatriaciones.
Integrantes de la CIDH cuestionaron la ausencia de cifras que permitan conocer cuántos menores repatriados habían sufrido reclutamiento, amenazas o reutilización por redes criminales. También preguntaron qué institución verifica su situación después de la entrega a familiares y cómo se evita que regresen a las rutas fronterizas.
