El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer las investigaciones por los asesinatos de periodistas registrados este año en México, reforzar la coordinación con autoridades estatales y ampliar las medidas de seguridad para integrantes de la prensa ante un periodo que la organización considera uno de los más mortíferos de la última década.
La exigencia ocurre después de seis homicidios de comunicadores durante 2026, cinco de ellos concentrados en poco más de dos meses. Para el organismo, la respuesta no debe limitarse a las fiscalías locales, debido al historial de impunidad que persiste en delitos contra periodistas y a la presunta participación de servidores públicos en al menos dos de los expedientes recientes.
Uno de los principales reclamos apunta al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob). El programa mantiene aproximadamente a 500 periodistas bajo alguna medida de protección, pero la dependencia no ha publicado cifras oficiales correspondientes a 2025 y 2026.
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A esa falta de información se suma una elevada proporción de solicitudes rechazadas. Andrés Solís, integrante del consejo consultivo de evaluación de medidas del propio Mecanismo, calculó que alrededor de 80 por ciento de las peticiones de incorporación presentadas por periodistas y defensores de derechos humanos reciben una negativa. El CPJ advierte que ese nivel representaría un incremento frente a años anteriores.
Frente a ese escenario, la organización planteó fortalecer las medidas de protección disponibles y garantizar que los comunicadores en riesgo tengan acceso efectivo al programa federal. También reclamó mayor coordinación entre la Federación y los estados para evitar que las investigaciones permanezcan únicamente en manos de autoridades locales.
El CPJ sostiene que la FGR dispone de facultades legales para intervenir en delitos contra periodistas, particularmente cuando existe participación de servidores públicos. Como antecedente, recordó que las autoridades federales lograron condenas en casos de alto impacto, entre ellos los asesinatos de Miroslava Breach Velducea y Javier Valdez Cárdenas, ocurridos en 2017.
La organización colocó a la impunidad como el principal factor que favorece la repetición de ataques contra la prensa. México permanece entre los 10 países peor ubicados en su Índice Global de Impunidad y acumula 166 periodistas y trabajadores de medios asesinados desde 1992. En 97 expedientes, el Comité no logró establecer si el crimen tuvo relación directa con la actividad profesional de la víctima, principalmente por investigaciones que no esclarecieron el móvil.
Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México, señaló que el gobierno federal dispone de herramientas para modificar esa tendencia. “Tienen la oportunidad de prevenir nuevos actos de violencia, proteger a los comunicadores y comprometerse de lleno a garantizar la libertad de prensa”, declaró.
El representante también dirigió el reclamo hacia la Presidenta Claudia Sheinbaum. “Su administración puede optar por romper el ciclo de violencia e impunidad que definió la relación de sus antecesores con la prensa”, sostuvo al exigir una respuesta federal frente a los homicidios registrados durante este año.
Hasta ahora, el CPJ señala que el gobierno federal no ha anunciado acciones específicas frente al conjunto de asesinatos. A nivel estatal, también cuestionó las respuestas ofrecidas en Veracruz, Oaxaca, Puebla y Guerrero, donde ocurrieron los casos documentados durante 2026.
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