El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó con 10 votos a favor y uno en contra el anteproyecto de presupuesto para 2027, por un monto de 47 mil millones de pesos, en medio de un choque entre consejeros sobre cuánto cuesta organizar la elección más grande de la historia y qué tan racional es el gasto del organismo.
Mientras una mayoría defendió los recursos solicitados como necesarios para enfrentar la dimensión de los comicios, otras voces cuestionaron la racionalidad del gasto y la congruencia de algunas decisiones incluidas en el proyecto.
La propuesta contempla recursos para las elecciones federales y locales de 2027, además del inicio de los trabajos preparatorios de los procesos electorales judiciales y locales de 2028.
El INE calcula que tendrá responsabilidades sobre 24 mil 217 cargos, una lista nominal superior a 102 millones de ciudadanos y la necesidad de contratar alrededor de 51 mil supervisores y capacitadores electorales.
Del monto global, además, se contempla un presupuesto precautorio de 4 mil 736 millones 121 mil 734 pesos para una eventual consulta popular o un proceso de revocación de mandato en 2027.
La consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, sostuvo que el presupuesto debe entenderse a partir de las obligaciones constitucionales del Instituto.
“Cada peso solicitado corresponde a una responsabilidad concreta de esta institución y es necesario dar cuenta de ello puntualmente frente a la ciudadanía”Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del INE
Chocan consejerías electorales por presupuesto para 2027
El consejero Uuc-kib Espadas Ancona defendió que organizar elecciones en un país de las dimensiones de México requiere recursos suficientes y rechazó que el proyecto contemple excesos.
“Desarrollar elecciones íntegras en un país de este tamaño cuesta. Y no cuesta un exceso”, sostuvo, y puso como ejemplo el aumento en el costo de las boletas y las dificultades que ha enfrentado el INE para contratar capacitadores electorales debido a los bajos salarios.
“Tenemos que ofrecer salarios que mínimamente no sean salarios de hambre”, señaló.
En la misma línea, el consejero Arturo Castillo Loza advirtió que los recortes presupuestales pueden tener consecuencias directas sobre la organización electoral. “Esto sí es una afectación directa a la calidad de nuestra democracia”, afirmó.
Señaló que la falta de recursos ya ha impedido en procesos anteriores instalar el número de casillas requerido y contratar al personal necesario.
La consejera Frida Gómez Puga también defendió el anteproyecto y destacó que fue elaborado bajo criterios de austeridad, eficiencia y disciplina presupuestaria. Subrayó que el INE debe contar con recursos suficientes para atender una lista nominal que superará los 102 millones de personas.
La consejera Carla Humphrey Jordan anunció su voto en contra y cuestionó que el presupuesto para 2027 continúe sustentándose formalmente en un plan estratégico institucional que terminó en 2026.
Además, criticó los recursos destinados a igualdad de género y consideró que existe una brecha entre el discurso institucional y el dinero asignado: “Si el género es prioridad en el discurso, debe serlo en el dinero; de lo contrario, la transversalidad es una simulación”, apuntó.
Propuesta será enviada a Hacienda y a San Lázaro
Otro de los principales choques se produjo por los sueldos y prestaciones del personal del INE.
El consejero Martín Faz Mora cuestionó que el proyecto reconozca la especialización técnica de las funciones del Instituto y, al mismo tiempo, incorpore tabuladores que reducen remuneraciones y eliminan prestaciones.
“No considero jurídicamente congruente sostener esas premisas en la parte considerativa y al mismo tiempo aprobar unos tabuladores cuyos efectos responden a una interpretación que terminó reduciendo remuneraciones y eliminando prestaciones”, expuso.
La propuesta de tabuladores para el personal de la rama administrativa y del Servicio Profesional Electoral fue sometida a votación por separado y aprobada por 7 votos a favor y 4 en contra, estos últimos de Carla Humphrey, Arturo Castillo, Martín Faz y Rita Bell López Vences.
Una vez aprobado por el Consejo General, será enviado tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como a la Cámara de Diputados.
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